El hecho de que dos exministros del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro y una alta funcionaria del Gobierno enfrenten procesos judiciales con medidas de privación de la libertad mientras el mandatario aún ejerce el poder, constituye un hito político de enorme calado en la historia reciente de Colombia.
No se trata únicamente de casos individuales, ni de responsabilidades personales aisladas, sino de un fenómeno que impacta directamente la legitimidad política, la narrativa del “Gobierno del Cambio” y la credibilidad institucional del proyecto que llegó al poder en 2022 prometiendo una ruptura con las prácticas tradicionales.
La detención y reclusión en centro carcelario de exministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, figuras clave del primer anillo de confianza del presidente, marca un punto de inflexión. Ambos no solo ocuparon carteras estratégicas, sino que participaron activamente en la formulación y ejecución de las políticas centrales del Gobierno.
Que hoy estén privados de la libertad, aun cuando sus procesos se encuentren en fase de apelación, instala una percepción política difícil de revertir, la de un Ejecutivo cuyo núcleo dirigente quedó atrapado en prácticas irregulares mientras intentaba materializar su proyecto de transformación.
Más allá del desenlace judicial de cada expediente, el impacto ya es real. En política, las imágenes pesan tanto como las sentencias, y la imagen de exministros esposados, custodiados por el Estado que representaron, erosiona profundamente el discurso ético que sostuvo la campaña presidencial y los primeros meses de gobierno.
El quiebre del relato del “Gobierno del Cambio”
Uno de los activos más importantes del presidente Petro fue la promesa de un cambio estructural en la forma de gobernar, especialmente en la lucha contra la corrupción. Esa bandera no era secundaria, pues fue el eje moral que diferenció su proyecto del de gobiernos anteriores y el argumento que le permitió construir una mayoría electoral heterogénea. La acumulación de escándalos, investigaciones y capturas dentro del propio Ejecutivo golpea directamente ese relato.
La percepción que se instala en amplios sectores de la opinión pública es que el “cambio” prometido no solo no se materializó, sino que terminó reproduciendo, y en algunos casos profundizando, prácticas que el propio presidente había denunciado durante décadas. La presencia de antiguos ministros y altos funcionarios privados de la libertad mientras el mandatario sigue en funciones, no tiene precedentes recientes en Colombia y refuerza la idea de un gobierno atravesado por irregularidades sistémicas.
Este escenario se agrava porque no se trata de figuras marginales o de segundo nivel. Son funcionarios que hicieron parte del núcleo decisorio, del primer cerco de confianza presidencial, lo que inevitablemente traslada la discusión desde el plano judicial individual hacia el plano político colectivo y deja abierta la pregunta si actuaron por iniciativa propia o por órdenes del propio presidente Petro.
Una cascada de escándalos que desborda al Ejecutivo
Los procesos contra Bonilla y Velasco no se presentan en el vacío. Se suman a una larga cadena de controversias que han rodeado al Gobierno desde sus primeros meses. El caso que involucró a Laura Sarabia y Armando Benedetti, detonante de una crisis política temprana, marcó el inicio de una narrativa de desorden interno, pugnas de poder y manejos irregulares en el corazón del Ejecutivo. La muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida en medio de ese escándalo, dejó una huella profunda en la opinión pública y alimentó dudas que, más allá de los dictámenes oficiales, siguen presentes en el debate nacional.
A ello se suman los cuestionamientos por el ingreso irregular de recursos a la campaña presidencial, un proceso que afecta directamente al hijo del presidente, Nicolás Petro, y que por primera vez en la historia reciente, pone a un familiar directo del jefe de Estado en el centro de una investigación penal de alto perfil con la posibilidad que hoy mismo sea enviado a la cárcel. Aunque el presidente ha intentado marcar distancia política y personal, el impacto simbólico es innegable.
El caso del hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, y sus reuniones con personas privadas de la libertad, añade otra capa de complejidad desde el escándalo del Pacto de la Picota. Más allá de las responsabilidades que determine la justicia, estos episodios han contribuido a una sensación de improvisación y falta de controles internos, especialmente en el marco de la llamada “paz total”, una política que, según amplios sectores críticos, terminó fortaleciendo a estructuras criminales en lugar de debilitarlas. El hermano del presidente, ha sido protagonista de otros casos que van desde fraude en las ONG´s para las que decía trabajar, reuniones para conspirar con alcaldes antioqueños, pasaportes diplomáticos sin tener derecho y escoltas presidenciales sin poder tenerlos.
El efecto institucional. Fiscalía, Procuraduría y credibilidad del Estado
La multiplicación de procesos judiciales contra exfuncionarios del Gobierno también plantea interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones de control. La Fiscalía y la Procuraduría se han visto obligadas a actuar frente a hechos que involucran directamente al Ejecutivo, lo que tensiona la relación entre poderes y somete a prueba la independencia institucional. En medio de los escándalos, las cortes han jugado un papel fundamental en hacer respetar el marco institucional y el Estado de derecho.
En este contexto, cada decisión judicial adquiere una dimensión política inevitable. La ciudadanía observa no solo los delitos investigados, sino la capacidad del Estado para investigar y sancionar a quienes detentaron el poder. El riesgo para la institucionalidad no radica únicamente en la corrupción, sino en la percepción de impunidad o de selectividad en la acción de la justicia.
El desgaste del liderazgo presidencial
Aunque el presidente Petro no enfrenta, por ahora, una medida judicial directa en estos casos, pues la Comisión de Acusaciones, en su mayoría integrada por afectos al presidente y archivó 16 expedientes; el desgaste político es evidente. Gobernar mientras antiguos ministros, colaboradores cercanos y figuras clave del proyecto enfrentan procesos penales reduce significativamente el margen de maniobra del Ejecutivo. Cada reforma, cada iniciativa y cada discurso quedan inevitablemente atravesados por la sombra de los escándalos.
Este desgaste se refleja también en la dificultad para sostener mayorías políticas estables en el Congreso y en la pérdida progresiva de apoyo en sectores que inicialmente respaldaron el proyecto del cambio. La narrativa de persecución política, utilizada en algunos momentos por el Gobierno, pierde fuerza cuando las decisiones judiciales se acumulan y afectan a distintos frentes del mismo equipo.
El desgaste presidencial se mide ya en conteo regresivo, tanto en la población como en miembros del gobierno que ya no ven la hora de que concluya el mandato. El presidente Gustavo Petro, carece de credibilidad tanto al interior del país como en el plano internacional y se han ido multiplicando las decisiones judiciales en su contra que lo obligan a retractarse y borrar trinos de sus redes sociales por carecer de veracidad y fundamento, cuando intentó desinformar, reiteradamente, al país.
Impacto electoral y herencia para el oficialismo
El efecto de esta crisis no se limita al presente. Tiene consecuencias directas sobre el futuro político del oficialismo y, en particular, sobre la figura que se perfila como su candidato presidencial, Iván Cepeda. Cargar con el peso de un gobierno atravesado por escándalos de corrupción representa un desafío mayúsculo para cualquier aspirante, más aún cuando el proyecto político se construyó sobre una narrativa ética que ha quedado desdibujada.
La oposición ya ha comenzado a capitalizar este escenario, no solo cuestionando la gestión del Gobierno, sino presentando los procesos judiciales como prueba de una incoherencia estructural entre el discurso y la práctica. En ese contexto, la campaña presidencial que se avecina estará marcada, inevitablemente, por el balance de este periodo.
Un momento bisagra para la política colombiana
Que exministros como Bonilla y Velasco y altos funcionarios del Gobierno como Olmedo López, Snyder Pinilla, Sandra Ortiz; estén privados de la libertad mientras el presidente sigue en el cargo, es un hecho que trasciende coyunturas. Marca un momento bisagra en la política colombiana, donde la promesa de transformación se enfrenta a una realidad judicial que ha golpeado el corazón del poder. En la lista están los prófugos Carlos Ramón González y César Manrique; entre algunos de los más visibles que han tenido que abandonar el gobierno, por tener asuntos pendientes con la Justicia en casos de corrupción.
El momento en que todo esto se da, sigue acumulando casos, como los recientes capturados por el contrato del mantenimiento de los helicópteros, el recuerdo de cómo terminó sancionado e inhabilitado el excanciller, Álvaro Leyva; los recientes escándalos en el Ministerio de Justicia, en la Dirección de Inteligencia por quienes presuntamente colaboraban con Alias Calarcá y sus disidencias; o inclusive, los nuevos escándalos en UNGRD y del Fondo de Adaptación del Dapre que terminó con la renuncia de su directora, Angie Rodríguez.
El desenlace de los procesos en curso tomará tiempo, posiblemente hasta bien entrado 2026. Pero el impacto político ya está consumado. El Gobierno Petro enfrenta el desafío de gobernar, sus últimos meses, bajo el peso de una crisis de credibilidad profunda, con instituciones bajo presión y con una ciudadanía cada vez más escéptica frente a los discursos de cambio y en medio de un intenso proceso electoral.
En última instancia, más allá de las responsabilidades penales individuales, el país asiste a un debate de fondo sobre ética pública, ejercicio del poder y coherencia política. Un debate que no se cerrará en los tribunales, sino en la memoria colectiva y en las urnas.
