En cada ciclo electoral colombiano se repite un fenómeno que, lejos de disiparse, se profundiza. Se trata de la proliferación de candidatos presidenciales sin estructura, sin opción real de poder y sin un proyecto político claramente identificable. En el actual proceso electoral, esta tendencia ha alcanzado niveles que generan inquietud incluso entre expertos acostumbrados a la fragmentación política del país. La pregunta que circula con insistencia en la opinión pública no es quiénes son esos aspirantes, sino para qué compiten realmente.
A esta inquietud se suma un elemento adicional que ha encendido el debate, pues varios de estos candidatos, con mediciones que apenas alcanzan el uno o dos por ciento de intención de voto, insisten en participar en consultas interpartidistas programadas para marzo. Su presencia no fortalece la competencia ni amplía el debate; por el contrario, refuerza la percepción de que el proceso electoral se ha convertido, para algunos, en una oportunidad económica más que en una disputa democrática por el poder.
El incentivo oculto detrás de las candidaturas sin opción
La clave para entender este fenómeno se encuentra en la reposición de votos, un mecanismo legal diseñado para compensar a partidos y candidatos por cada voto válido obtenido. En principio, esta figura busca equilibrar la competencia electoral y evitar que solo quienes tienen grandes recursos económicos puedan aspirar a cargos de elección popular. Sin embargo, en la práctica, el incentivo ha derivado en una distorsión profunda del sistema.
La reposición de votos convierte cada sufragio en una unidad monetaria. Aunque el valor individual parece bajo, su acumulación puede representar sumas significativas. Para las consultas interpartidistas, el monto por voto se ha venido ajustando y se proyecta que para 2026 oscile entre tres mil y tres mil quinientos pesos. Para un candidato sin opción de ganar, pero con capacidad de movilizar algunos cientos de miles de votos, la ecuación resulta rentable.
Esta realidad ha llevado a que surjan candidaturas cuya lógica no es electoral sino financiera. Aspirantes que invierten recursos limitados en recolección de firmas, publicidad básica y presencia territorial mínima, con el cálculo de que la reposición cubrirá ampliamente la inversión inicial y dejará un margen considerable.
Los movimientos por firmas y la puerta abierta al oportunismo
El auge de los movimientos por firmas ha facilitado esta dinámica. La figura fue concebida como un instrumento de apertura democrática, pensado para permitir la participación de liderazgos ciudadanos por fuera de las estructuras partidistas tradicionales. No obstante, la experiencia reciente muestra que también se ha convertido en un atajo para candidaturas sin arraigo político real.
Una vez avalados por el Consejo Nacional Electoral, estos movimientos adquieren los mismos derechos que los partidos consolidados, toda vez que pueden inscribirse, participar en consultas y recibir reposición de votos. El problema es que el sistema no distingue entre quienes compiten con vocación real de poder y quienes solo buscan rentabilidad económica. La democracia, así, termina financiando proyectos personales sin impacto político efectivo.
Este fenómeno no es marginal. Analistas han identificado casos en los que candidatos sin opción alguna llegan hasta la primera vuelta presidencial, no para disputar el poder, sino para maximizar el retorno económico del proceso. La contienda se convierte en una inversión de riesgo calculado, donde el objetivo no es gobernar, sino recaudar; y si de paso logran negociar puestos burocráticos, la ganancias doble y el negocio redondo.
El Congreso como terreno fértil para la reposición
La lógica del negocio electoral se extiende con mayor fuerza al ámbito legislativo. En las elecciones al Congreso, la reposición de votos es significativamente más alta. Para los comicios de 2022, el valor superó los seis mil pesos por voto, y las proyecciones para 2026 indican que podría acercarse a los ocho mil. Este escenario ha incentivado la proliferación de listas sin posibilidad real de obtener curules, pero con capacidad suficiente para captar un caudal mínimo de votos rentable.
El resultado es un Congreso inflado de listas testimoniales que no buscan representación efectiva, sino financiación. La competencia legislativa se fragmenta, la oferta política se diluye y el elector se enfrenta a una avalancha de opciones que poco o nada aportan al debate programático.
Cuando el voto deja de ser político y se vuelve contable
El impacto más grave de esta práctica no es económico, sino institucional. Cuando el ciudadano percibe que su voto es utilizado como insumo para un negocio legal, la confianza en el sistema democrático se erosiona. El sufragio deja de ser una herramienta de transformación política y se convierte en una mercancía más dentro de una lógica transaccional.
Esta percepción alimenta el desencanto y la apatía, especialmente entre sectores que ya se sienten alejados de la política tradicional. La democracia pierde legitimidad cuando se instala la idea de que algunos participan no para servir, sino para beneficiarse del sistema.
Además, la multiplicación de candidaturas sin viabilidad real fragmenta el debate público. En lugar de discutir propuestas de fondo sobre seguridad, economía o institucionalidad, la campaña se dispersa en mensajes superficiales diseñados para captar atención momentánea, no para construir consensos ni visiones de país.
El costo fiscal y el dilema ético del Estado
A esta distorsión se suma un problema fiscal evidente. La reposición de votos implica un desembolso significativo de recursos públicos. En un país con restricciones presupuestales severas, destinar miles de millones de pesos a candidaturas sin opción real plantea un dilema ético y financiero que no puede seguir ignorándose.
Defensores del modelo argumentan que siempre existirá el riesgo de abuso y que corresponde a los organismos de control vigilar el uso de los recursos. Sin embargo, la experiencia demuestra que el diseño del incentivo facilita el oportunismo. Mientras el sistema premie la mera obtención de votos, sin evaluar la vocación real de poder o representación, el fenómeno persistirá.
Los riesgos del juego electoral como inversión
No todos los que entran a este juego salen ganando. Existen antecedentes de candidatos que, al no alcanzar los umbrales exigidos o al recibir anticipos estatales sin lograr los resultados esperados, terminan obligados a devolver recursos al Estado. En algunos casos, han tenido que recurrir a donaciones privadas para cubrir esas deudas, lo que evidencia que el negocio también tiene riesgos.
Sin embargo, estos episodios no han sido suficientes para desincentivar la práctica. Para muchos, el cálculo sigue siendo favorable y basta con superar ciertos mínimos para asegurar una reposición significativa sin mayores consecuencias.
Democracia, incentivos y credibilidad
El debate de fondo no es jurídico, sino político y moral. La pregunta que enfrenta Colombia es qué tipo de democracia quiere preservar. Una democracia abierta, sí, pero también responsable, donde los incentivos no premien el oportunismo ni conviertan el ejercicio electoral en una fuente de renta.
Revisar el sistema de reposición de votos no implica cerrar la puerta a nuevas voces, sino ajustar los mecanismos para evitar su captura por lógicas puramente económicas. La pluralidad es un valor democrático, pero pierde sentido cuando se vacía de contenido político.
Un desafío impostergable para el sistema electoral
En un contexto de creciente desconfianza institucional, permitir que la reposición de votos se consolide como un negocio, amenaza con profundizar la crisis de credibilidad del sistema político. La democracia no puede convertirse en un medio de subsistencia para aspirantes sin proyecto ni vocación de poder.
Si el voto ciudadano se reduce a una cifra contable, el costo para el país no será solo fiscal. Será, sobre todo, un golpe profundo a la legitimidad democrática. Corregir esta distorsión es un desafío impostergable si Colombia quiere preservar la esencia de su sistema electoral y recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más escéptica.
