La historia latinoamericana ofrece pocos antecedentes tan claros de una captura de un jefe de Estado o de gobierno por parte de una potencia extranjera, como el caso del general Manuel Antonio Noriega en Panamá, ocurrido el 3 de enero de 1990. Ese episodio, ampliamente documentado, juzgado y cerrado, se ha convertido en un referente inevitable cada vez que se habla de acusaciones penales internacionales contra líderes en ejercicio.
En ese marco, las comparaciones recientes con Nicolás Maduro surgen casi de manera automática. Sin embargo, un análisis riguroso obliga a separar con cuidado lo que pertenece al terreno de los hechos comprobados de lo que aún se mueve en el ámbito de versiones, hipótesis y escenarios abiertos.
El paralelo entre Noriega y Maduro resulta sugerente por varias razones, ambos han sido señalados por Estados Unidos como vinculados al narcotráfico, ambos enfrentaron sanciones internacionales y ambos gobernaron bajo esquemas de fuerte concentración de poder. No obstante, las similitudes se detienen cuando se examina el desenlace. Mientras Noriega fue efectivamente capturado, juzgado y condenado, el caso de Maduro, hasta ahora, no ha cruzado ese umbral y su camino apenas comienza. Esa diferencia no es menor, define el límite entre historia y coyuntura.
El caso Noriega. Hechos comprobados y un desenlace cerrado
La captura de Manuel Antonio Noriega se produjo en un contexto internacional muy específico. A finales de la década de los ochenta, Estados Unidos ya había formulado acusaciones formales contra el jefe militar panameño por narcotráfico, lavado de activos y conspiración. Existían indictments activos en cortes federales, investigaciones judiciales avanzadas y una ruptura abierta entre Washington y el régimen panameño.
La invasión a Panamá, denominada “Operación Causa Justa”, comenzó el 20 de diciembre de 1989 y fue reconocida oficialmente por el gobierno estadounidense. Tras varios días de operaciones militares, Noriega logró evadir la captura y se refugió en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de Panamá. Su rendición, el 3 de enero de 1990, ocurrió después de un cerco militar sostenido y de presiones diplomáticas que quedaron ampliamente registradas por la prensa internacional.
A partir de ese momento, el proceso fue claro y verificable, Noriega fue trasladado a Estados Unidos, juzgado en una corte civil, condenado y encarcelado. Su captura tuvo consecuencias inmediatas en Panamá, donde se produjo una recomposición del poder político, el fin del régimen militar y el inicio de un proceso de reconstrucción institucional bajo fuerte tutela internacional. Más allá de los debates sobre la legalidad de la invasión, el hecho central, la captura y judicialización, nunca estuvo en duda.
El caso Maduro. Acusaciones, sanciones y un escenario abierto
En el caso de Nicolás Maduro, el contexto es distinto en varios niveles. Es cierto que autoridades estadounidenses han formulado acusaciones formales contra el mandatario venezolano, incluyendo señalamientos como presunto jefe del llamado Cartel de los Soles, y han ofrecido recompensas millonarias por información que conduzca a su captura. También es cierto que el régimen venezolano ha sido objeto de sanciones económicas, aislamiento diplomático y desconocimiento de legitimidad por parte de numerosos gobiernos.
Sin embargo, hasta el momento, apenas comienza el recorrido oficial que parte de los hechos conocidos con la confirmación de Donald Trump sobre la captura, pero sin aun darse la lógica judicial, mientras desde ya surgen críticas multilaterales al operativo y se espera en las próximas horas, la entrega o traslado de Maduro a jurisdicción del distrito sur de la justicia de Nueva York. Por lógica, aún no hay comunicados de tribunales, órdenes de custodia ejecutadas ni pronunciamientos verificables de organismos internacionales que certifiquen un desenlace comparable al de Noriega.
Esta diferencia convierte al caso venezolano en un escenario en desarrollo, donde abundan anuncios políticos, filtraciones, rumores y lecturas interesadas, pero donde el periodismo responsable debe mantener un estándar de verificación más estricto. A diferencia de Panamá en 1989-1990, no se ha reconocido, oficialmente, ni una invasión, ni una operación militar directa, aunque se confirma la captura del jefe ilegítimo del Estado venezolano.
Similitudes que alimentan la comparación
A pesar de esas diferencias sustanciales, existen elementos que explican por qué el paralelo sigue apareciendo en el debate público. En ambos casos, Estados Unidos construyó durante años un andamiaje jurídico y político para señalar a un líder latinoamericano como actor central del narcotráfico internacional. Tanto Noriega como Maduro pasaron de ser interlocutores incómodos a enemigos declarados en el discurso oficial de Washington.
La coincidencia simbólica de fechas, como el 3 de enero, refuerza la narrativa comparativa. También lo hace el hecho de que, en ambos escenarios, las acusaciones no se limitaron a delitos internos, sino que se enmarcaron en la idea de una amenaza transnacional, con impactos en la seguridad regional y en el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Además, en ambos casos, la figura del líder terminó personificando al régimen. Noriega no era solo el jefe militar, era el eje del poder panameño. Maduro, de manera similar, se convirtió en el rostro y el centro de gravedad del chavismo, especialmente tras la muerte de Hugo Chávez y el progresivo vaciamiento de las instituciones formales.
Diferencias estructurales entre Panamá y Venezuela
Las diferencias, sin embargo, son más profundas que las similitudes. Panamá, en 1989, era un país pequeño, con una estructura militar concentrada y sin aliados estratégicos de peso internacional dispuestos a respaldar al régimen hasta el final. Venezuela, en cambio, es un país con mayor dimensión territorial, mayores recursos estratégicos y una red de alianzas políticas, económicas y militares más compleja.
El contexto internacional también ha cambiado. La captura de Noriega ocurrió al final de la Guerra Fría, en un momento de hegemonía estadounidense casi sin contrapesos. El escenario actual es más multipolar, con actores como Rusia, China e Irán disputando influencia y cuestionando las acciones unilaterales de Washington.
Otra diferencia clave es el estado del sistema político interno. En Panamá, la invasión y captura de Noriega permitieron una transición relativamente rápida hacia un gobierno civil reconocido internacionalmente. En Venezuela, incluso con la salida abrupta de Maduro, tras su captura, el vacío de poder planteará interrogantes mucho más complejos sobre sucesión, control territorial, rol de las Fuerzas Armadas y capacidad de gobernabilidad.
El peso del precedente histórico y sus límites
El caso Noriega se ha convertido en un precedente simbólico, pero no necesariamente replicable. Su captura demuestra que, en determinadas condiciones políticas, jurídicas y militares, Estados Unidos ha optado por llevar a juicio a líderes extranjeros acusados de delitos graves. Sin embargo, también muestra que ese tipo de acciones responde a contextos muy específicos y no a una fórmula automática.
Utilizar el precedente panameño como lente para interpretar cada crisis venezolana puede llevar a simplificaciones peligrosas. La historia no se repite de manera mecánica; ofrece referencias, no guiones cerrados. En el caso de Maduro, cualquier desenlace dependerá de factores internos venezolanos, de negociaciones internacionales y de equilibrios regionales que no existían en 1990.
Entre la historia y la coyuntura
El contraste entre Noriega y Maduro pone en evidencia una lección central para el análisis político y periodístico, sobre que no todos los escenarios de alta tensión desembocan en desenlaces idénticos. Noriega pertenece al terreno de los hechos cerrados, documentados y juzgados. Maduro, por ahora, sigue inscrito en el ámbito de la coyuntura, donde las acusaciones son reales, pero el desenlace permanece abierto tras hechos que aun están en desarrollo.
La comparación, bien utilizada, sirve para entender cómo se construyen narrativas de legitimación internacional y cómo se preparan escenarios de presión. Mal utilizada, puede inducir a confundir deseos, anuncios políticos o rumores con hechos consumados. En ese equilibrio entre memoria histórica y prudencia informativa se juega la credibilidad del análisis.
Mientras Noriega representa un capítulo concluido de la historia latinoamericana, el caso venezolano continúa escribiéndose. Y como toda historia en curso, exige rigor, verificación y distancia crítica antes de ser equiparada con precedentes que, aunque ilustrativos, pertenecen a otro tiempo y a otro contexto.
