La controvertida licitación de los pasaportes sigue siendo el epicentro de un escándalo que involucra al ex canciller Álvaro Leyva, ahora sancionado por la Procuraduría General de la Nación con 10 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Esta decisión, que Leyva y su defensa califican de arbitraria y politizada, ha desatado una tormenta en el panorama político colombiano.
El abogado de Leyva, Yefferson Dueñas, presentó un recurso de apelación cuestionando no solo el fallo, sino también el procedimiento utilizado para emitirlo. La defensa sostiene que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, encargada del caso, no estuvo conformada según lo estipulado por la ley.
Según el recurso, la decisión fue tomada por dos de los tres procuradores delegados requeridos, violando las normas legales y constitucionales que exigen decisiones colegiadas en este tipo de procesos disciplinarios.
Además, el procurador delegado ponente, Jesús Espinosa Jiménez, fue señalado por la defensa de carecer de independencia e imparcialidad, acusándolo de tener una «enemistad manifiesta» con el Gobierno Nacional y vínculos cercanos con el abogado de la empresa Thomas Greg & Sons, firma involucrada en la licitación desierta. Este argumento pone en tela de juicio la legitimidad del proceso disciplinario que llevó a la sanción contra Leyva.
Otro punto crítico señalado por la defensa es la falta de claridad en el pliego de cargos. Según el abogado Dueñas, las acusaciones fueron redactadas de manera vaga y solo se aclararon en el fallo final, lo que habría dificultado un ejercicio pleno del derecho a la defensa.
“Este fallo es una afrenta no solo contra mi cliente, sino contra el debido proceso y la justicia misma”, aseguró el jurista.
La sanción y la polémica
La sanción contra Leyva se originó en su decisión de declarar desierta la licitación para la expedición de pasaportes en 2023, una medida que, según la Procuraduría, careció de los fundamentos técnicos, jurídicos y fácticos necesarios. La entidad calificó estas acciones como faltas gravísimas que violaron los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal.
El caso Leyva reaviva el debate sobre la independencia de los órganos de control en Colombia, particularmente de la Procuraduría, una entidad que en los últimos años ha sido blanco de críticas por presuntos sesgos políticos en sus decisiones.
Mientras se espera la decisión final sobre la apelación, el escándalo de los pasaportes se consolida como un símbolo de las grietas en la administración pública y el sistema disciplinario colombiano.
