La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmó que durante su gestión recibió presiones directas por parte de Armando Benedetti, ministro del Interior, y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para remover funcionarios clave del Ministerio.
En declaraciones concedidas a Bluradio, Buitrago reveló que se ejercieron injerencias por parte de altos funcionarios del gobierno con el fin de incidir en decisiones sobre cargos estratégicos dentro de su cartera.
Según relató, en una primera llamada, Angie Rodríguez le solicitó pedir la renuncia de Ludwing Joel Valero, quien se desempeñaba como director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Sin embargo, la ministra se negó, argumentando que Valero tenía un desempeño sobresaliente:
«Angie Rodríguez me llama y me dice: ‘Pídale la renuncia al Uspec’. Yo le respondo: ‘No le voy a pedir la renuncia porque es una persona muy competente y viene trabajando bien’», afirmó Buitrago.
Posteriormente, recibió una llamada de Armando Benedetti, quien insistió en la salida del funcionario:
«Me llama inmediatamente Benedetti y me dice: ‘¿Por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto’», relató.
La referencia apunta a que Ludwing Joel Valero era una cuota política del senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, quien habría votado negativamente una consulta popular promovida por el gobierno.
Buitrago subrayó que la solicitud no tenía ningún sustento técnico ni administrativo:
«El 11 de abril le piden la renuncia a Valero. Yo le dije: ‘Mire, yo no soy la nominadora, el nominador es el Presidente, y no puedo aceptar una renuncia que no me corresponde. Además, no me parece justo que se prescinda de una persona por castigar decisiones ajenas’».
La exministra también denunció que este no fue un caso aislado. Indicó que desde marzo se registraron múltiples intentos de interferencia en decisiones de nombramientos dentro del Ministerio de Justicia. Incluso mencionó que, mientras realizaba una visita oficial a Washington, uno de sus delegados fue reemplazado sin su conocimiento ni autorización, lo que consideró una muestra clara de irrespeto institucional.
Finalmente, Buitrago concluyó que estas acciones evidencian una práctica sistemática del gobierno de pasar «cuentas de cobro» a quienes no respaldan sus iniciativas, sin considerar el mérito ni la eficacia de los funcionarios involucrados.
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