La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emitió un pronunciamiento en el que solicita respetar las decisiones adoptadas por los jueces del país, en medio de la controversia generada por la suspensión provisional del decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 y por las convocatorias a movilizaciones en distintas ciudades.
El documento, divulgado este martes, fue suscrito por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, un representante de los servidores judiciales y la fiscal general de la Nación. En el texto, la Comisión hace un llamado a que las decisiones judiciales se acaten en cumplimiento de la Constitución y la ley.
Aunque el comunicado no menciona un caso puntual, se conoce en un escenario marcado por reacciones de sectores políticos y sociales frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento del salario mínimo.
El fallo dio lugar a declaraciones de funcionarios y dirigentes, así como a anuncios de marchas en respaldo del decreto expedido por el Gobierno. Parte de la discusión se trasladó al espacio público con convocatorias orientadas a presionar un cambio en la determinación judicial o a manifestar posiciones frente a la actuación de la alta corte.
En su pronunciamiento, la Comisión señaló que las providencias judiciales son el resultado de actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial. También indica que esas decisiones se rigen por el marco jurídico definido en la Constitución, orientado a la paz, la inclusión y el acceso a la justicia.
Frente a las inconformidades que puedan surgir por los fallos, el documento subrayó que las discrepancias deben tramitarse a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico y dentro de las vías institucionales establecidas. Con ello, la Comisión reitera que los desacuerdos deben canalizarse mediante recursos legales y procedimientos formales.
El pronunciamiento coincide con la convocatoria de Petro a manifestaciones en plazas públicas el próximo 19 de febrero, como respuesta a la suspensión del decreto. Tras la decisión judicial, el mandatario expresó su desacuerdo y anunció la expedición de una norma transitoria mientras avanza el trámite de fondo. También informó la convocatoria de la Comisión de Concertación con participación de representantes sindicales y empresariales.
La Comisión Interinstitucional reafirmó en el texto su compromiso con el cumplimiento de la Constitución, la transparencia en sus actuaciones y la protección de derechos. El mensaje se produce en un contexto de debate sobre el alcance de las decisiones judiciales y su impacto en materias laborales y económicas, así como sobre los mecanismos institucionales para tramitar controversias derivadas de los fallos.
