Aún sin haberse posesionado como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade ha provocado una fuerte polémica al exigir acciones de censura contra el noticiero Noticias Caracol. En declaraciones públicas hechas a través de sus redes sociales, el pastor y dirigente político acusó al medio de “mentir y manipular” información sobre el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, y pidió al presidente actuar legalmente en su contra.
Las declaraciones de Saade han generado preocupación entre sectores que defienden la libertad de prensa. Al calificar la cobertura periodística de “perversa” y demandar su desmentido por parte de la Fiscalía General de la Nación, el aún no posesionado funcionario cuestiona el papel de los medios en la democracia, insinuando que sus contenidos constituyen una amenaza para el Gobierno Petro.
“Esta noticia no puede pasar desapercibida, ya que atenta en contra del gobierno Petro y pone en peligro a todos los que de una u otra manera acompañamos al gobierno”, escribió Saade, en lo que para analistas y defensores de la libertad de expresión representa una declaración preocupante. Su llamado a judicializar la información publicada abre un delicado debate sobre los límites entre la crítica legítima y el intento de silenciar voces independientes.
La controversia surge a raíz de un reportaje emitido por Noticias Caracol, en el que se plantea que el atentado contra Uribe Turbay podría tener móviles políticos, una hipótesis mencionada por la Fiscalía. Pese a que el presidente Gustavo Petro, ha llamado a la prudencia y se ha mostrado en desacuerdo con atribuirle motivaciones políticas al hecho mientras la investigación sigue en curso, la tendencia de algunos miembros del gobierno es acallar a la prensa, o estigmatizar a quien critique al gobierno o no se refiere a él en términos positivos, o que incluso generen dudas.
Ni el presidente ni la Fiscalía han respondido a las acusaciones de Saade, y el medio de comunicación tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, la actitud del futuro jefe de gabinete revive temores sobre el uso del poder institucional para intentar limitar la labor informativa.
En un contexto donde la seguridad de los líderes políticos es un tema urgente, el intento de responsabilizar a la prensa por la percepción pública de los hechos amenaza con distraer el foco de lo esencial: garantizar investigaciones transparentes y proteger la libertad de informar.
En este gobierno no han sido pocas las voces que han sugerido censurar la prensa. Para nadie es un secreto los ataques protagonizados de manera reiterada por el propio presidente Petro en contra de periodistas, medios de comunicación y propietarios de los medios; pasando por las ideas de hacer debates en el Congreso a la Prensa con ideas impulsadas por la fallecida senadora Piedad Córdoba y por Isabel Zuleta del partido de Gobierno.
En su momento, hasta la esposa de Gustavo Petro Verónica Alcocer, estigmatizó a las mujeres periodistas del país y han sido varias las acciones de entidades del gobierno en contra de los medios de comunicación, como las realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, con visitas sorpresa a las instalaciones de medios como Semana RCN y Caracol, que han sido interpretadas con chantajes, si no controlan la narrativa a favor del gobierno.
