La incertidumbre fiscal de Colombia se agudiza con la reciente advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Según su análisis, el Gobierno se enfrenta a un déficit creciente y la necesidad urgente de recortar otros $56 billones del presupuesto para el año 2025.
Este recorte equivale a un 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta nueva alerta refleja un escenario financiero complicado, caracterizado por menores ingresos y un aumento del gasto público, factores que amenazan con desbordar las finanzas del país.
Déficit fiscal y caída de los ingresos
Desde hace meses, los analistas y expertos han señalado la creciente preocupación por la situación fiscal de Colombia. La caída en los ingresos provenientes del petróleo, sumada al impacto de las reformas tributarias y el aumento de la deuda pública, han generado una presión fiscal sin precedentes.
Los expertos ya no solo hablan de un ajuste necesario, sino también del riesgo de incumplir la regla fiscal, lo que podría desencadenar un crecimiento descontrolado de la deuda.
En este contexto, el Gobierno ha tenido que recurrir a recortes presupuestales para tratar de estabilizar la situación. En junio de este año, se implementó una primera reducción de 20 billones de pesos, luego de un bajo recaudo tributario registrado en abril.
Sin embargo, este ajuste no ha sido suficiente, y el CARF elevó una nueva preocupación. De acuerdo con la entidad, los ingresos proyectados para 2024 se ubicarán en 74,1 billones de pesos, un 4,3% del PIB, cifra que está por debajo de lo previsto en el Presupuesto General de la Nación.
Inflexibilidades fiscales y gasto público estructural
Una de las principales dificultades que enfrenta el Gobierno para hacer un ajuste fiscal efectivo es el gasto inflexible. Según el CARF, entre 2019 y 2023, el 83,6% del gasto público fue inflexible, lo que limita la capacidad de realizar ajustes sostenibles.
Este gasto inflexible se debe en gran medida a compromisos estructurales como el pago de intereses de la deuda, las pensiones, el Sistema General de Participaciones, los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), así como los gastos en defensa y en el sector salud.
Estas limitaciones estructurales dificultan aún más la posibilidad de implementar medidas eficaces de ajuste, mientras el Gobierno sigue enfrentando un panorama de menores ingresos y un creciente ritmo de ejecución del gasto primario, especialmente en los últimos meses del año.
Riesgo de incumplimiento de la regla fiscal y recortes adicionales
El CARF también destacó los riesgos asociados al incumplimiento de la regla fiscal, particularmente por el menor recaudo que se suele registrar en los últimos meses del año y el acelerado ritmo de ejecución del gasto.
Este desequilibrio entre ingresos y egresos ha generado un saldo disponible en la Tesorería que se ha mantenido por debajo del promedio histórico durante buena parte de 2024. Esta situación podría empeorar en caso de que se acumule un mayor rezago presupuestal, lo que afectaría el presupuesto de 2025.
Además, el Comité subrayó que los ingresos programados por el Gobierno para 2025 presentan un alto grado de incertidumbre.
Se estima que habrá una caída en el recaudo de por lo menos 33,3 billones de pesos, lo que representa una diferencia de 22,6 billones de pesos con respecto a las metas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Ante este panorama, el Gobierno deberá enfrentar la difícil tarea de realizar recortes adicionales de gasto, especialmente si no se aprueba la nueva Ley de Financiamiento que está siendo discutida en el Congreso.
La Ley de Financiamiento, que el Gobierno espera aprobar en el siguiente periodo legislativo, será crucial para definir el rumbo fiscal del país.
De no ser aprobada, el Gobierno deberá recortar el gasto público de manera significativa, ya que el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que cualquier recorte necesario debe ser equivalente al recaudo que se espera obtener a través de este proyecto de ley.
El país se enfrenta a la necesidad urgente de realizar ajustes drásticos en el presupuesto, mientras las limitaciones estructurales del gasto público y los riesgos de incumplimiento de la regla fiscal se presentan como desafíos difíciles de superar.
