La Federación Colombiana de Municipios solicitó al Ministerio de Justicia aplazar la entrada en vigencia de la Ley 2346 de 2024, la cual transfiere a los entes territoriales la responsabilidad de garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria a partir del 1 de julio de 2025.
El planteamiento fue hecho a través de una carta firmada por el presidente de Fedemunicipios y alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, quien advirtió sobre las dificultades técnicas, logísticas y presupuestales que enfrentan numerosos gobiernos locales, especialmente aquellos clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta.
“Muchas entidades territoriales no cuentan con las condiciones técnicas, financieras ni logísticas suficientes para asumir plenamente esta competencia sin comprometer la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad de manera preventiva”, expresó Sánchez en la misiva dirigida al ministro encargado de Justicia, Augusto Alfonso Ocampo.
En su comunicación, Fedemunicipios propuso que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) continúe asumiendo esta responsabilidad mientras se tramita una reforma legal que permita redefinir los términos de implementación. La Federación también solicitó al Gobierno nacional apoyar con mensaje de urgencia una iniciativa legislativa que permita modificar los plazos establecidos por la ley.
“Le agradecemos que desde su despacho nos apoyen adelantando las gestiones pertinentes para que la referida iniciativa legislativa que estamos promoviendo desde los gremios, cuente con mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno nacional”, se lee en la carta.
El documento incluye una petición formal para habilitar espacios de discusión con el Congreso de la República, donde participen representantes del Ministerio de Justicia, la Uspec, las federaciones de municipios y demás actores regionales. El objetivo es construir una hoja de ruta conjunta que tome en cuenta las condiciones particulares de cada territorio.
La solicitud se da en medio de un contexto de alertas por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos de alimentación para reclusos. Uno de los casos más visibles ocurrió en Cali, donde se denunció un convenio por más de 53.000 millones de pesos, en el que se identificaron posibles inconsistencias documentales y fallas en la planta de preparación de alimentos, ubicada en el barrio Santa Elena.
Entre las observaciones destacan la supuesta falta de servicios públicos, ausencia de matrícula mercantil activa y carencia de permisos urbanísticos. Ante estos antecedentes, Fedemunicipios insistió en que cualquier cambio al actual esquema debe ir acompañado de herramientas de control, garantías institucionales y recursos suficientes.
La Procuraduría General de la Nación anunció que continuará con el seguimiento a la implementación de las normas relacionadas con la atención a la población reclusa. El ente de control advirtió sobre la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y la viabilidad operativa de los gobiernos locales.
La Federación concluyó su comunicación con un llamado al Ministerio de Justicia para que se evalúen a fondo las condiciones antes de ejecutar la medida. Señaló que sin apoyo presupuestal y técnico, el cambio podría generar sobrecargas para las alcaldías y afectar la prestación del servicio en los centros de detención transitoria del país.
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