El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar urgente para que se suspendan los efectos del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
La petición fue presentada para estudio de la Sala Plena del alto tribunal y busca que, de manera provisional, se congelen los efectos jurídicos del decreto mientras la Corte adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad. En el documento, la Alcaldía de Medellín sostiene que el acto del Ejecutivo constituye un “acto abierto y manifiestamente inconstitucional”, al no cumplir —según se expone— con los presupuestos exigidos por la Constitución para la declaratoria de un estado de excepción.
De acuerdo con el escrito, la solicitud se fundamenta en los artículos 4, 113 y 241 de la Constitución Política, en la Ley 137 de 1994 y en la ratio decidendi del Auto 272 de 2023 de la Corte Constitucional. En el texto se argumenta que las reglas fijadas por ese precedente resultan aplicables al caso actual, en virtud de la supremacía constitucional, el control jurisdiccional del alto tribunal y el principio de separación de poderes.
En su calidad de alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Federico Gutiérrez manifestó que actúa no solo para cumplir y hacer cumplir la Constitución, sino también para proteger los intereses de los habitantes del territorio que representa, los cuales —según el documento— se verían afectados por las decisiones adoptadas al amparo del decreto de emergencia.
En ese contexto, el mandatario local aseguró: “Como Alcalde de Medellín he radicado una solicitud ante la Corte Constitucional, que entra a sesionar hoy, pidiendo suspender el decreto de la supuesta ‘emergencia económica’ con el que Petro quiere hacer y deshacer a su antojo, asumiendo las funciones del Congreso. Esta solicitud se centra en una medida cautelar de urgencia, mientras se toma una decisión de fondo que debe consistir en declarar inconstitucional este decreto”.
Gutiérrez también señaló que, en desarrollo de la declaratoria de emergencia, el Gobierno Nacional expidió un decreto con contenido tributario a finales de diciembre. “Dentro de esta supuesta emergencia el gobierno nacional emitió el decretazo de la reforma tributaria el 29 de diciembre, y por eso desde el 1 de enero de este año el Gobierno Nacional ha comenzado a imponer impuestos que golpean directamente la capacidad adquisitiva de los colombianos”, afirmó.
En el documento remitido a la Corte, se plantea que si el Ejecutivo decreta una emergencia sin la existencia de hechos sobrevinientes, graves o inminentes que alteren el orden económico, social o ecológico, se estaría comprometiendo la integridad de la Constitución, razón por la cual corresponde al máximo tribunal constitucional pronunciarse y marcar un precedente en su defensa.
Finalmente, el alcalde hizo un llamado a distintos sectores del país para respaldar la iniciativa. “Invito a ciudadanos, gobernadores, alcaldes de otras ciudades, empresarios y gremios a adherirse a esta solicitud. Confío plenamente en nuestras instituciones, en la justicia y en la Corte Constitucional”, concluyó.
