El reciente llamado de alerta emitido por la empresa A-ire, intervenida por el propio Gobierno Petro, volvió a encender las alarmas. La empresa advierte de las dificultades financieras por las deudas del gobierno que pueden arriesgar la estabilidad en la prestación del servicio en la Costa Caribe, si el Gobierno no toma las medidas urgentes que se necesitan, entre ellas, el de lanzarle un «salvavidas Financiero».
El comunicado emanado de la exposición de su interventora Diana Bustamante, en el 14 seminario de Eficiencia Energética organizado por el gremio de las energéticas en el país ANDESCO, llevó a que se produzcan reacciones que subrayen lo que puede ser un futuro catastrófico para el país.
Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, por ejemplo, lanzó una advertencia contundente sobre la situación energética del país: “Estamos al borde de un apagón”. La declaración, respaldada con hechos recientes y cifras económicas, hace referencia a la creciente crisis que enfrenta el sector eléctrico colombiano debido a los compromisos financieros incumplidos por parte del Gobierno Nacional.
Según Uribe, el Ejecutivo no ha cumplido con el pago de subsidios energéticos ni con la promesa de asumir la deuda generada por la llamada “opción tarifaria”, un mecanismo implementado para mitigar el impacto de las tarifas durante la pandemia, que permitió diferir pagos de servicios públicos a los usuarios más vulnerables. Esta deuda, que hoy sigue sin resolverse, ha generado una presión financiera significativa sobre las empresas comercializadoras de energía, muchas de las cuales están al límite de su capacidad operativa.
Apagones, una amenaza real
Uno de los casos más recordados ocurrió el 2 de enero de este año en Puerto Carreño, Vichada, donde se registró un apagón generalizado atribuido directamente a la falta de pagos por parte del Estado. Este hecho encendió las alarmas sobre la posibilidad de que se repita en otras regiones si no se toman medidas inmediatas, siendo la región más propensa, la Costa Atlántica.
En este sentido, las Empresas Públicas de Medellín, EPM, en su momento y bajo la vocería del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó hace unos meses, fuertes críticas al Gobierno Nacional explicando que en el caso de AFINIA, si no se pagaban los dineros, no se podría continuar con el servicio ante lo adeudado. Semanas mas tarde, EPM y el Alcalde, celebraban un fallo judicial que obligaba al gobierno a pagar dineros atrasados en su filial del Eje Cafetero; no obstante, la deuda general a las generadoras y comercializadoras tanto de las zonas interconectadas como las No interconectadas siguen sin que se les pague lo que se les debe, tanto por opción tarifaria como por subsidios.
El senador Uribe subraya que la inacción del Gobierno pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional. “Cada hora de apagón cuesta 200.000 millones de pesos”, advirtió, haciendo énfasis en el enorme costo económico y social que implicaría una interrupción generalizada del suministro eléctrico en el país, señalando que el riesgo de apagones, es real.
Compromisos sin cumplir
Uno de los puntos más críticos señalados por el Senador es la promesa hecha por el Gobierno de asumir la deuda de la opción tarifaria en junio del año pasado, compromiso que, según Uribe, no se ha materializado. “El Gobierno prometió asumir la deuda en junio. No cumplió”, recalcó.
A esto se suma la intervención de la empresa comercializadora Air-e, que atiende el mercado de energía en regiones del Caribe. Pese a que fue intervenida por el Estado, hoy el mismo Gobierno estaría solicitando apoyo económico para cubrir las deudas acumuladas, generando un panorama que Uribe califica como “un desastre administrativo y financiero”.
Tres propuestas para evitar la crisis
Frente a este contexto, el senador presentó tres propuestas que, en su opinión, permitirían evitar un colapso en el sistema eléctrico:
- Pago inmediato de las deudas del Estado: Uribe insiste en que el Gobierno debe honrar sus compromisos financieros con las empresas del sector, especialmente en lo que respecta a los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
- Alivios financieros sin trasladar costos a los ciudadanos: plantea la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento y apoyo sin que estos generen incrementos adicionales en las tarifas que pagan los usuarios.
- Mayor competencia en el mercado energético: el congresista propone una revisión del modelo de intervención estatal en el sector, con el fin de fomentar la participación de nuevos actores privados que garanticen eficiencia y sostenibilidad, y evitar un proceso de estatización progresiva.
Debate energético en la agenda nacional
Las declaraciones de Uribe se dan en un contexto en el que varios sectores han expresado su preocupación por la sostenibilidad del sistema eléctrico. Las tarifas elevadas, los atrasos en los pagos de subsidios y la creciente deuda de las comercializadoras se combinan en un escenario complejo, que amenaza con trasladar sus efectos a los usuarios finales y a la estabilidad económica del país.
Por ahora, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial frente a estas denuncias, pero el tema ha empezado a escalar en la agenda política y legislativa. Los gremios del sector energético también han advertido sobre el impacto que tendría un colapso financiero en las empresas distribuidoras, especialmente en las regiones más vulnerables del país.
Uribe concluye que no se trata de una alarma infundada, sino de una advertencia respaldada por datos y hechos concretos: “Si el Gobierno sigue sin responder, vendrán más apagones”.
