Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes declaró responsable a un menor de 17 años por su participación en el homicidio de dos mujeres ocurrido el pasado 28 de marzo en Envigado. La decisión se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía y en la aceptación de cargos por parte del adolescente.
De acuerdo con la investigación, el menor coordinó, ideó y financió el plan criminal que terminó con la muerte de María Victoria Correa Ramírez, profesora y periodista, y de su hermana María Norelia, abuela del procesado. La acción también dejó herida a otra familiar de las víctimas, de 73 años.
El homicidio se registró en un establecimiento comercial del municipio cuando dos hombres ingresaron y atacaron a las mujeres con un arma de fuego. Según la Fiscalía, el objetivo del crimen era apropiarse del patrimonio económico de las víctimas, administrado por la madre del adolescente.
La investigación fue liderada por una fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) de la Seccional Medellín. Los hallazgos indican que el menor contrató a los ejecutores del crimen mediante una tercera persona, asegurando la coordinación y financiamiento de la operación.
Como resultado del proceso, el adolescente deberá cumplir siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.
Por los mismos hechos, tres adultos fueron condenados mediante preacuerdo. Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, recibieron una pena de 17 años y seis meses de prisión por su participación en la acción delincuencial.
El caso evidencia la actuación coordinada entre el menor y los ejecutores del crimen, así como la planificación de un homicidio con fines económicos. Las autoridades señalaron que la estructura delictiva incluía la contratación de sicarios a través de intermediarios, buscando ocultar la participación del menor en la operación.
El fallo del juez refleja la aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que establece medidas específicas de privación de libertad para menores infractores, en concordancia con la gravedad del delito y las circunstancias de participación. La sentencia busca atender tanto la dimensión punitiva como la resocialización del adolescente dentro de un centro especializado.
El caso también resalta el seguimiento de la Fiscalía en la investigación de homicidios con participación de menores, donde se verifican responsabilidades directas e indirectas, así como la coordinación con otras autoridades para garantizar la judicialización de todos los implicados.
Con la sentencia, las autoridades buscan enviar un mensaje de cumplimiento de la ley, al tiempo que se protegen los derechos de los adolescentes en conflicto con la norma. La investigación y condena de los implicados adultos y del menor muestran el abordaje integral de los delitos que afectan a la comunidad y el esfuerzo por garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.
