La adjudicación del contrato a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, que se encargará de realizar la logística del proceso electoral del 2026, tuvo verificaciones de organismos nacionales e internacionales.
Los entes de control que acompañaron el proceso fueron La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
«Es de resaltar que este proceso de selección contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, quienes realizaron una vigilancia preventiva a la etapa precontractual del mismo. A su vez, la Procuraduría General de la Nación participó en las pruebas técnicas realizadas a seis componentes del proceso».
El proceso también fue socializado por parte de la Registraduría, convocando a doce organizaciones de la sociedad civil y misiones de observación electoral nacionales e internacionales.
«La Registraduría Nacional también socializó con doce organizaciones de la sociedad civil y misiones de observación electoral nacionales e internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), IDEA Internacional, International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro Carter y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH/CAPEL, todos los detalles de este proceso, incluidos cada uno de los componentes técnicos, con el propósito de brindar mayores garantías de transparencia», se expresa en el comunicado de la entidad.
El proceso de adjudicación del contrato se comenzó a trabajar desde el 2024, incluso se confirmó que en la convocatoria podían participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o asociados en consorcios o uniones temporales, así como veedurías ciudadanas o cualquier interesado en ejercer vigilancia.
«Una vez publicada y con el objetivo de promover la participación en el proceso de selección, la Registraduría Nacional envió comunicaciones a catorce embajadas para que, en caso de que existiera en sus países empresas con experiencia relacionada, dieran a conocer la convocatoria y así contribuir a la competencia y pluralidad de oferentes», informó la Registraduría.
La Misión de Observación Electoral, resaltó el proceso que se realizó para la adjudicación de contrato, en su cuarto informe la entidad destacó: «la contratación se dio con mayor antelación frente a procesos anteriores, lo que representa un avance significativo para la ejecución, supervisión y auditoría del proceso electoral».
«La MOE resaltó la realización de la reunión técnica que se llevó a cabo previa a su adjudicación, en la que la Registraduría socializó el alcance del contrato con organizaciones nacionales e internacionales».
La adjudicación del contrato ha sido fuertemente criticada por parte de Gustavo Petro debido a que la empresa Thomas Greg & Sons hace parte del consorcio que ganó la licitación, que después de las evaluaciones fue el único proponente.
Sin embargo, la Registraduría entregó la información que fueron 10 los posibles oferentes que se presentaron a la convocatoria, «Colservico & Suministros S.A.S., S3 Simple Smart Speedy S.A.S., Portes de Colombia, Servientrega S.A., Multidestinos JRB S.A.S., Cadena S.A., Comercializadora Empresarial de Córdoba S.A.S., Toppan Security Colombia S.A.S., Smartmatic y Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026)»,
Una vez se realizaron las evaluaciones, la lista se fue decantando e incluso se ha conocido qué empresas se retiraron a última hora argumentando diversas situaciones.
Una de estas empresas que desistió a última hora fue Toppan Security Colombia S.A.S. que en su comunicación cuestionó la falta de garantías por la situación de inseguridad que se vive en Colombia.
«Toppan Security Colombia S.A.S. señaló que, a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos del proceso, la casa matriz había tomado la decisión de no presentar propuesta formal y que la decisión respondía a una evaluación estratégica rigurosa que consideró, entre otros factores, aspectos asociados a la seguridad nacional en Colombia, entendiendo que el actual contexto nacional presenta desafíos particulares en materia de gobernabilidad y estabilidad institucional, los cuales inciden directamente en el desarrollo de operaciones de alta especialización técnica y confidencialidad. Así mismo, señalaron que evaluaron antecedentes sobre retrasos sustanciales en los pagos a contratistas por parte de algunas entidades estatales», afirmó Sabrina Cajiao Cabrera, gerente administrativa y financiera de la Registraduría Nacional.
El siguiente es el texto del comunicado publicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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