El fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS Sanitas generó una cadena de reacciones en distintos sectores políticos y empresariales del país.
La decisión se adoptó tras una acción de tutela interpuesta por varias entidades del grupo Keralty, entre ellas Clínica Colsanitas, y determinó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
Desde el sector empresarial, el grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas, emitió un pronunciamiento en el que calificó el fallo como el cierre de una etapa de afectaciones administrativas, financieras y humanas que, según indicaron, dejaron secuelas profundas en la operación de la entidad.
En el comunicado afirman que tras 15 meses de intervención se les devuelve “lo que nunca debió ser arrebatado”, y detallan que reciben una empresa “altamente comprometida financieramente, con redes fragmentadas y equipos humanos golpeados en su vocación”.
Entre los sectores políticos, la decisión fue ampliamente comentada. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez escribió en su cuenta de X: “¿Cuántos daños a los afiliados? ¿Cuántos daños económicos a una empresa colombo-española? ¿Los pagarán los responsables?”.
La senadora Paloma Valencia calificó el fallo como una “gran noticia” la decisión de la Corte con respecto a la intervención, seguido por el recuento legal del fallo.
El director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, lo mencionó como un punto de inflexión en medio del debate sobre el futuro del sistema de salud.
Desde la oposición, el partido Cambio Radical publicó: “Bofetada jurídica al abuso de poder. Así terminan las decisiones por cálculo político y titulares. Improvisan, atropellan y fracasan”.
Por su parte, el representante Andrés Forero catalogó como una ‘chambonería’ las decisiones del mandatario, además señaló: “¿De dónde va a salir la plata para pagar las demandas que se van a venir contra el Estado colombiano?”.
Alejandro Gaviria, exministro de Educación del actual Gobierno, también reaccionó y expresó que la intervención fue “una decisión arbitraria, basada en una ideología destructiva”, y que habría tenido impactos negativos tanto en los usuarios como en la sostenibilidad financiera de la EPS.
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo sumó su voz al señalar que “las intervenciones del Estado en EPS de salud y en empresas de servicios públicos nunca han funcionado”, recordando que en múltiples ocasiones estos procesos han terminado en liquidación o con agravamiento de la situación de las entidades.
Desde Keralty también se hizo un llamado a una reconstrucción institucional de la EPS Sanitas, advirtiendo que aún persisten problemas estructurales como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el desequilibrio del riesgo y el acumulado de deudas. Indicaron además que, si no se garantiza la suficiencia financiera por parte del Estado, no descartan acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales para exigir reparación.
Por ahora, no se conoce si el Gobierno Nacional interpondrá algún recurso o tomará nuevas medidas tras el fallo. La EPS Sanitas atiende a más de 5,5 millones de usuarios y su caso se mantiene en el centro del debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.
