La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) expresó su preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para el sector eléctrico mediante el Decreto Legislativo 0044 de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social.
Según el gremio, estas decisiones “alteran de manera intempestiva e injustificada el marco jurídico vigente” y generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que podría frenar nuevas inversiones y afectar el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, la ejecución de nuevos proyectos de energías renovables previstos para junio y el anuncio de contratos de largo plazo por parte del Ministerio.
Acolgen recordó que durante los últimos 30 años las empresas generadoras han invertido más de 140 billones de pesos para garantizar el suministro de energía en el país. Además, señaló que Colombia necesita invertir entre 10 y 13 billones de pesos cada año para asegurar el abastecimiento en el futuro. En ese contexto, advirtió que “cambiar las reglas de manera abrupta” afecta la confianza para seguir invirtiendo, en un momento en el que el país enfrenta un riesgo de escasez de energía firme que, según datos de XM, podría llegar a -3,5 % en 2027.
El gremio afirmó que las medidas dificultan la consecución de financiación, desincentivan nuevas inversiones y podrían vulnerar tratados internacionales. También indicó que “pueden llegar a considerarse como una forma de expropiación”. Agregó que, de no construirse nuevas plantas, el sistema eléctrico se debilita y aumenta el riesgo de problemas en el suministro en los próximos años, lo que impactaría no solo al sector, sino también a los hogares, las empresas y la competitividad del país.
Frente a la situación de la Costa Caribe, Acolgen sostuvo que no se trata de un hecho súbito e imprevisible que justifique la adopción de medidas excepcionales. En ese sentido, señaló que “no resulta legítimo justificar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”.
Finalmente, el gremio hizo “un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para reconsiderar estas decisiones y encauzar los retos del sector por los mecanismos institucionales ordinarios, con un diálogo técnico, planeación y reglas claras que garanticen seguridad jurídica”.
