La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, anunció la reducción y suspensión de varios programas de asistencia humanitaria en Colombia debido a la falta de financiación. El organismo internacional informó que requiere con urgencia 118,3 millones de dólares para seguir con sus operaciones en el país, recursos que no se han podido asegurar tras los recientes recortes presupuestales del Gobierno de Estados Unidos hacia agencias del sistema de Naciones Unidas.
William Spindler, portavoz de ACNUR, explicó que entre los programas que se verán afectados se encuentran los destinados a la atención de más de 17.000 niños en situación de vulnerabilidad, así como la posible interrupción de los procesos de regularización migratoria para cerca de 500.000 ciudadanos venezolanos que actualmente residen en Colombia.
El impacto de esta decisión podría ser significativo en un país que se ha consolidado como el principal receptor de población migrante proveniente de Venezuela. De acuerdo con cifras oficiales, en Colombia viven más de 2,8 millones de venezolanos, muchos de los cuales dependen directamente de la asistencia humanitaria para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y acceso a documentación.
Desde 2018, el Estado colombiano ha implementado medidas innovadoras, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPV, que les permite acceder a servicios públicos y regularizar su situación. Sin embargo, el sostenimiento de estas políticas ha requerido de una robusta cooperación internacional, particularmente del sistema de Naciones Unidas y de gobiernos aliados.
La reducción de los recursos amenaza con debilitar ese esfuerzo y, en consecuencia, aumentar las tensiones sociales en zonas donde la infraestructura ya está al límite. Organizaciones humanitarias han advertido que sin respaldo económico sostenido, será difícil garantizar los derechos de millones de personas que dependen de estos programas para sobrevivir y establecerse dignamente.
A la falta de recursos provenientes de Estados Unidos al sistema de refugiados de Naciones Unidas, se suma la falta de recursos destinados a la asistencia de la población migrante del Gobierno de Gustavo Petro. Este nuevo episodio también pone en evidencia los problemas estructurales del sistema fiscal colombiano. A pesar de la compleja situación social, persisten altos niveles de burocracia, ejecución presupuestal ineficiente y dependencia de la cooperación externa para la gestión de crisis humanitarias. No es la primera vez que programas clave quedan sin respaldo económico por falta de previsión o crisis en las finanzas públicas, situación que contrasta con el crecimiento del gasto en áreas administrativas del Estado.
Por ahora, ACNUR mantiene activa su campaña internacional de recaudación de fondos, haciendo un llamado urgente a los países donantes y socios estratégicos para evitar que se paralicen programas esenciales. La situación será monitoreada en las próximas semanas, mientras se espera una respuesta más sólida de la comunidad internacional y del Gobierno colombiano.
