Durante los alegatos finales del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, su abogado defensor, Jaime Granados, acusó a la Fiscalía de «falsear y alterar la evidencia» en el proceso judicial. Granados se centró específicamente en una supuesta tergiversación de las declaraciones del exmandatario por parte de la Fiscalía.
El abogado Jaime Granados, destacó que, en su intervención, la fiscal encargada del caso presentó afirmaciones que, según él, no fueron pronunciadas por su cliente. Granados citó un ejemplo relacionado con el tema de un presunto soborno de un individuo identificado como «alias Víctor». Según el defensor, la fiscal hizo mención de una declaración en la que se implicaba a Uribe, afirmando que el expresidente había dicho que «ya hoy vale más de 300.000 el metro cuadrado», y que el lote fue entregado no solo para honorarios, sino también para cubrir gastos o las peticiones de testigos. Granados rechazó esta interpretación, sosteniendo que dichas palabras nunca fueron dichas por su cliente.
El abogado subrayó que las acciones de Uribe estaban motivadas por su interés en esclarecer lo que él considera un posible complot en su contra, impulsado por antiguos miembros de grupos armados ilegales. Granados contextualizó el juicio dentro de un contexto de larga data de confrontación política, asegurando que este proceso ha estado marcado por emociones, prejuicios y desconfianzas mutuas, lo que, según él, ha influido tanto en la percepción pública como en la judicial.
Uno de los puntos clave de la intervención de Granados fue la defensa de Diego Cadena, abogado contratado por Uribe para investigar las versiones que lo vinculaban con grupos paramilitares. Granados defendió las acciones de Cadena, quien, según él, actuó bajo la instrucción directa de su cliente para entrevistar a excombatientes en prisión con el objetivo de obtener información sobre lo que consideraba montajes judiciales en su contra.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que las actividades de Cadena y otros implicados en el caso, como Carlos Eduardo López, alias ‘Caliche’, formaban parte de una estrategia para manipular testigos.
Es de indicar que la fiscal Marlenne Orjuela solicitó una sentencia condenatoria contra Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, argumentando que las pruebas recolectadas durante la investigación permiten inferir la responsabilidad penal del expresidente.
Granados, sin embargo, negó que Uribe hubiera tenido contacto alguno con alias ‘Caliche’, quien, según la Fiscalía, habría sido un intermediario entre el entorno del expresidente y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
