El abogado Andrés Úsuga Marín radicó un derecho de petición dirigido al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, en el que solicita información clara y detallada sobre la participación de internos de la cárcel La Paz en un evento de carácter político, realizado el pasado 21 de junio en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín.
Úsuga Marín recordó que en dicho evento “ciudadanos condenados y recluidos en la cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz, asistieron a un evento de características políticas” y que “alguno de ellos intervino públicamente”, en una actividad que estuvo encabezada por el presidente de la República, ministros, congresistas y líderes sociales.
En su escrito, el abogado hace énfasis en que la ley penitenciaria y la propia Constitución son claras respecto a las restricciones para que las personas privadas de la libertad participen en eventos externos sin la debida autorización y control. Por eso, citando el principio jurídico que señala que el derecho “no debe torcerse por favor, romperse por poder ni adulterarse por dinero”, solicitó a la dirección del INPEC que esclarezca las condiciones en que se otorgaron los permisos.
Entre sus requerimientos, pide que se le informe “con base en la orden de quién, se dio la autorización para la asistencia de los reclusos en mención” y que se anexe el listado completo de quienes fueron autorizados a acudir al evento del 21 de junio en Medellín. Asimismo, exige que se detalle “quién autorizó dicha solicitud y cuál fue la motivación”, junto con los alcances específicos que incluía el permiso otorgado.
En su derecho de petición, Úsuga también pregunta si se verificó que el objetivo planteado por quienes solicitaron la autorización se cumpliera efectivamente y si existe algún acta o documento que sirva como soporte. Por último, pide que se le envíe copia de “todo acto administrativo que soporte la solicitud u orden, la autorización y el desarrollo de ese evento”, y que se le confirme si “algún juez de ejecución de penas y medidas de seguridad” fue informado y otorgó su aprobación para la salida de los reclusos.
El jurista concluyó su escrito reiterando que este tipo de acciones debe regirse por la ley y que es obligación del INPEC rendir cuentas sobre los hechos que han generado cuestionamientos en la opinión pública.
