El abogado penalista Abelardo De la Espriella informó que ha presentado una solicitud formal ante las autoridades judiciales y federales de Estados Unidos para que se investigue al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con estructuras internacionales del narcotráfico.
La petición se apoya en mecanismos de cooperación judicial establecidos entre Colombia y Estados Unidos, y fue divulgada públicamente por De la Espriella a través de su cuenta oficial en X. Según el abogado, la solicitud contiene un documento extenso que detalla hechos que, a su juicio, justifican una investigación federal sobre la presunta conexión entre el mandatario colombiano y redes del crimen organizado con presencia en América Latina.
El documento, disponible en el sitio web de De la Espriella, plantea como uno de los argumentos principales la negativa del gobierno colombiano de extraditar a Ever Veloza García, alias ‘HH’, exjefe paramilitar requerido por la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico. Esta decisión ha sido objeto de cuestionamientos por parte de voceros diplomáticos de EE.UU., que la han interpretado como una señal de debilitamiento en la cooperación judicial entre ambos países.
Otro de los fundamentos citados en la solicitud es la cercanía política y operativa del presidente Petro con el régimen venezolano. De la Espriella señala específicamente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Rafael Padrino, a quienes la justicia estadounidense ha vinculado con actividades de narcotráfico. A juicio del abogado, el respaldo público del mandatario colombiano a este gobierno constituye un elemento clave en la solicitud.
El escrito también menciona como factores de preocupación las políticas de sometimiento a grupos armados ilegales promovidas desde el Ejecutivo, así como beneficios jurídicos que, según el denunciante, han favorecido a actores involucrados en el tráfico de drogas. De la Espriella advierte que la expansión del ELN y las disidencias de las FARC en diversas regiones del país es otro indicador de omisión institucional frente al fortalecimiento del narcotráfico.
Asimismo, señala que existiría una presunta infiltración del crimen organizado en distintas instancias del Estado colombiano, y que el aparato institucional estaría siendo utilizado para proteger a aliados políticos cuestionados por posibles vínculos ilícitos.
En su declaración pública, De la Espriella solicitó a la comunidad internacional no ignorar lo que describió como una amenaza directa a la democracia en Colombia. Enfatizó que la situación actual requiere una respuesta judicial firme, similar a la que se ha dado frente a otros regímenes señalados de corrupción o narcoterrorismo en América Latina.
Hasta el momento, no se ha conocido respuesta oficial por parte del gobierno colombiano ni de las autoridades estadounidenses frente a esta solicitud. Tampoco se ha informado si el Departamento de Justicia de EE. UU. ha abierto una investigación formal al respecto.
