En un momento clave para la descentralización en Colombia, el Congreso de la República dio un paso crucial para la aprobación de una reforma constitucional que promete transformar la distribución de recursos entre la Nación y las regiones.
En las próximas semanas, este proyecto, que ha estado en discusión durante varios meses, podría convertirse en una realidad, trayendo consigo un aumento significativo en los recursos destinados a municipios y departamentos del país, con un enfoque especial en áreas clave como la educación y la atención a la primera infancia.
La reforma, promovida por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, avanzó superando ya siete de los ocho debates requeridos en el Congreso.
Recientemente, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y se espera que su discusión final se realice en la plenaria de la Cámara antes del 16 de diciembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias del Congreso.
Con el respaldo de todas las bancadas, incluidas las de oposición, esta reforma se perfila como una de las principales prioridades del actual gobierno.
Un cambio fundamental para los territorios
El ministro Cristo destacó que la iniciativa representa un cambio significativo para la estructura del Estado colombiano, cuyo diseño actual ha sido acusado de concentrar demasiados recursos y decisiones en los grandes centros urbanos.
Según Cristo, «Necesitamos un Estado mucho más presente, mucho más fuerte en los territorios, donde los ciudadanos lo necesitan. No tanto en las grandes ciudades donde existen sectores privados poderosos y administraciones locales con recursos. Lo que estamos haciendo aquí es revolucionario, estamos rediseñando el Estado colombiano”.
El proyecto busca aumentar, de manera gradual, la proporción de los ingresos corrientes de la Nación destinados al Sistema General de Participaciones (SGP), alcanzando un 39,5% en los próximos 12 años.
Esta medida permitirá que departamentos y municipios dispongan de más recursos para atender las necesidades básicas de sus comunidades, especialmente en educación y primera infancia, áreas que históricamente han enfrentado deficiencias en su cobertura y calidad.
Autonomía territorial: un paso hacia la descentralización
Desde la oposición, por proposición del representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, el Gobierno Nacional tendrá un plazo de 12 meses para presentar un proyecto de ley que defina nuevas competencias para las regiones.
Así mismo, Cadavid criticó en su cuenta de X que «En el debate más trascendental para las regiones de Colombia y la sostenibilidad fiscal del Estado Colombiano, hubo ausencia total del DNP y del Ministerio de Hacienda ¿Por qué no aparecieron a dar la discusión?».
La reforma, además, ha sido vista como un ejemplo de consenso político en un país caracterizado por profundas divisiones. Según el ministro Cristo, “el espíritu de avanzar en la unidad y en la autonomía territorial en Colombia genera unión entre los colombianos, genera consensos y debe ser parte del acuerdo nacional”.
Con la reforma en su fase final, el gobierno no solo busca aumentar los recursos destinados a los territorios, sino también garantizar que estos recursos se gestionen de manera eficiente.
Las transferencias de competencias deberán ir acompañadas de los fondos necesarios para su ejecución, lo que permitirá que los municipios y departamentos no solo reciban más dinero, sino que también tengan la capacidad de invertirlo de manera efectiva en proyectos que beneficien a sus comunidades.
