A siete meses comcluir el actual ciclo político conocido como el “petrismo”, el balance de la gestión del Gobierno nacional se ha convertido en uno de los principales ejes del debate público en Colombia en el marco del debate electoral. Sectores de oposición, analistas y actores políticos han recopilado una serie de cuestionamientos que hoy alimentan la discusión de cara a las elecciones legislativas y presidenciales previstas para 2026. Las críticas abarcan temas de corrupción, manejo de entidades públicas, políticas sociales, seguridad y rumbo económico del país.
Uno de los puntos más recurrentes en este balance crítico es el relacionado con presuntos casos de corrupción que involucran a exfuncionarios y entidades estatales. En el ámbito regional, opositores al Gobierno han insistido en los cuestionamientos contra la administración pasada de Medellín, encabezada por Daniel Quintero, cuyas decisiones y contratos continúan bajo revisión de organismos de control y la justicia. A nivel nacional, los escándalos en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tiene a varios ministros de Petro en la cárcel y la empresa Air-e han derivado en investigaciones penales y disciplinarias contra exdirectivos y contratistas, algunos de los cuales ya enfrentan procesos judiciales.
El sector salud también ha sido uno de los más señalados. La crisis financiera de la Nueva EPS, así como la intervención y posterior devolución de entidades como Sanitas, han generado fuertes cuestionamientos sobre la política gubernamental en esta materia. Desde distintos sectores se advierte que los problemas estructurales del sistema se han profundizado, mientras el Gobierno defiende su propuesta de reforma como una respuesta necesaria a fallas históricas. En el mismo tono crítico se menciona el impacto sobre instituciones como el Icetex y programas de vivienda como Mi Casa Ya, que han sufrido ajustes y cambios en su operación.
Otro foco de atención ha sido el entorno cercano al presidente. El caso de Nicolás Petro, hijo del mandatario, derivó en un proceso judicial tras la apertura de investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos. Este episodio marcó un punto de quiebre en la narrativa gubernamental sobre la lucha contra la corrupción y generó un alto costo político para el Ejecutivo. A ello se sumaron controversias protagonizadas por altos funcionarios y exministros, cuyas declaraciones públicas y denuncias internas expusieron tensiones dentro del propio proyecto político.
El gobierno de Petro ha estado marcado por la sombra de la ilegitimidad e ilegalidad por la manera como llegó a la presidencia violando los topes de campaña con el ingreso de dudosos dineros y otros más no declarados, interpretados como una trampa al sistema con el que llegó al poder para proponer el “cambio”.
En materia de seguridad, las cifras también ocupan un lugar central en el debate. De acuerdo con reportes oficiales y de organizaciones sociales, el país ha registrado asesinatos de líderes sociales, masacres y un aumento de la presencia de grupos armados en varias regiones. Mientras el Gobierno sostiene que la política de “Paz Total” busca reducir la violencia mediante el diálogo y la desmovilización, sectores críticos aseguran que los resultados no han sido los esperados y que el control territorial de estructuras ilegales sigue siendo una realidad en cientos de municipios.
La política antidrogas es otro de los asuntos más controvertidos. Informes internacionales han señalado un aumento desmedido en los cultivos de coca y en la producción de cocaína, cifras que el Ejecutivo atribuye a dinámicas heredadas y a cambios en la metodología de medición. No obstante, la oposición utiliza estos datos para cuestionar el giro en la estrategia frente al narcotráfico y su impacto en la seguridad rural y urbana.
En el frente económico, las críticas se han concentrado en empresas estratégicas como Ecopetrol, así como en anuncios de grandes proyectos de infraestructura que, según detractores del Gobierno, no han pasado del discurso. El Ejecutivo, por su parte, argumenta que su apuesta está orientada a una transición energética gradual y a un modelo de desarrollo distinto, aunque reconoce las dificultades fiscales y los retos de financiamiento que enfrenta el país.
El manejo del gasto público y las reformas tributarias también han generado controversia. Sectores empresariales y políticos han advertido sobre el impacto de nuevas cargas fiscales y sobre la intención del Gobierno de impulsar mayores recursos presupuestales, mientras el Ministerio de Hacienda sostiene que estas medidas son necesarias para sostener programas sociales y reducir la desigualdad. Algunas voces desde el congreso responsabilizan al gasto desbordado en viajes, contratos absurdos, burocracia y corrupción, como causas de la política gubernamental para el debilitamiento fiscal del país.
Este conjunto de señalamientos ha sido sintetizado por voces críticas como un balance negativo de los primeros 36 meses del petrismo, una lectura que contrasta con la defensa que hace el Gobierno de sus logros en materia social, ambiental y de inclusión. La confrontación de narrativas se intensifica a medida que se acerca el calendario electoral.
Las voces políticas de oposición vaticinan que en estos meses que restan Petro utilizará el dinero no invertido en todo su gobierno para hacer obras, entregar subsidios, complacer a sus bases movilizadores a fin de incidir en las elecciones de marzo y mayo en busca de afianzar su proyecto comunista del “Cambio” en el continuismo.
Con las elecciones legislativas programadas para marzo y las presidenciales para mayo de 2026, el debate sobre lo ocurrido en estos años será determinante en la decisión de los votantes. El país entra así en una fase de alta polarización política, en la que los balances de gestión, las investigaciones en curso y las propuestas de futuro marcarán el rumbo de la contienda democrática.
