A través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que a partir de la medianoche de este domingo 27 de julio finaliza el paro armado que se mantiene durante 48 horas en el departamento del Chocó, el cual restringió completamente la movilidad por vías fluviales y terrestres en distintas zonas del territorio.
En respuesta al impacto de esta acción armada sobre las comunidades, el obispo de la Diócesis de Quibdó, monseñor Wiston Mosquera Moreno, emitió un enérgico pronunciamiento en el que rechazó el paro y denunció el recrudecimiento de la crisis humanitaria y social en la región, derivada de los enfrentamientos entre actores armados ilegales. El jerarca eclesiástico exigió garantías para las comunidades afectadas por el conflicto.
En su mensaje, el obispo expresó su «rotundo rechazo a toda acción de grupos armados que implique confinamiento, desplazamiento o cualquier afectación a la libertad de locomoción ciudadana», especialmente en un territorio donde la población ha sido “históricamente víctima del conflicto armado y en condiciones de vulnerabilidad”.
Monseñor Mosquera hizo un llamado directo al ELN y al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC para que cesen las acciones violentas contra las comunidades. “Es urgente parar esta estrategia de guerra dirigida a vulnerar los derechos de la gente”, señaló, al tiempo que pidió el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, en defensa de la vida, la salud, la educación y la libre circulación de los civiles.
En su comunicado, el ELN respondió criticando las declaraciones del obispo, a quien acusó de emitir “afirmaciones sesgadas” por señalar a esta guerrilla como responsable del confinamiento de la población, mientras según ellos guarda silencio ante las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por otros actores armados, incluido el Ejército Nacional.
Finalmente, el grupo armado ilegal reiteró su denuncia de una supuesta incursión militar el pasado 20 de julio en la comunidad de Chiriquí, Alto Atrato, donde aseguran que tropas del Ejército retuvieron a 12 civiles, entre ellos cuatro afrodescendientes, ocho indígenas, un joven de 16 años y un niño de 18 meses, quienes habrían sido obligados a patrullar junto a los militares, lo que habría puesto en riesgo su integridad.
