Más de 180 investigadores trabajan en el caso; siete capturas, un menor condenado, pero aún sin identificar al autor intelectual. El Gobierno refuerza la seguridad de los precandidatos presidenciales de oposición ante el clima de violencia política.
A dos meses del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la investigación judicial ha logrado identificar y capturar a siete personas vinculadas al crimen, incluyendo al menor de edad que disparó el arma. Sin embargo, las autoridades aún no han logrado establecer quién ordenó el atentado. Mientras tanto, el Gobierno colombiano ha desplegado un plan de seguridad reforzado para proteger a los precandidatos presidenciales, especialmente los de la oposición, ante el temor de nuevos ataques en el marco de las elecciones de 2026.
El 7 de junio de 2025, durante un mitin político en el parque El Golfito de Bogotá, Miguel Uribe Turbay fue atacado por la espalda por un menor de 15 años que le disparó en la cabeza y la pierna. El senador fue hospitalizado en estado crítico y, tras más de diez semanas en cuidados intensivos, falleció el 11 de agosto.
Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional han desplegado más de 180 investigadores para esclarecer el crimen. Hasta el momento, siete personas han sido capturadas, entre ellas alias “El Costeño”, señalado como enlace entre los autores materiales e intelectuales. El menor agresor fue condenado a siete años de internamiento preventivo.
Las autoridades han vinculado el atentado con estructuras criminales asociadas a las disidencias de las FARC, específicamente la Segunda Marquetalia. La fiscal Luz Adriana Camargo ha imputado cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en delitos a varios implicados, incluyendo a Carlos Eduardo Mora González, presunto coautor del ataque.
A pesar de los avances, el autor intelectual del magnicidio sigue sin ser identificado. El presidente Gustavo Petro ha pedido profundizar las investigaciones y ha sugerido cooperación internacional, aunque la Fiscalía ha defendido su capacidad institucional para llevar el caso.
El asesinato de Uribe Turbay ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los precandidatos presidenciales, especialmente los de la oposición. El Gobierno ha duplicado los esquemas de protección, pasando de 229 a 520 agentes asignados, y ha desplegado 96 pelotones del Ejército y más de 6.000 policías en zonas de alto riesgo.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha reforzado los esquemas de seguridad de figuras como Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Claudia López, Juan Daniel Oviedo y David Luna. Además, se ha asignado un coronel para coordinar directamente con los precandidatos del Centro Democrático.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha declarado que “es una orden imperiosa del presidente Petro garantizar la vida de los aspirantes”, mientras que líderes opositores como Hernán Cadavid han advertido que “no basta con reforzar esquemas individuales si no se mejora la seguridad en todo el país.
No obstante, hace 2 días, en la madrugada del 9 de octubre, informes confidenciales provenientes de organismos de seguridad nacional advirtieron sobre un riesgo inminente para la vida de Felipe Córdoba y su equipo de trabajo. La campaña, que había preparado durante semanas una agenda intensa en el sur del país, decidió cancelar todos los eventos previstos en Pitalito, Garzón y Neiva, como medida de precaución. Esta decisión se tomó en medio de un ambiente de creciente tensión electoral marcada por el asesinato del también precandidato Uribe Turbay.
El magnicidio ha dejado una herida profunda en la democracia colombiana. Aunque las capturas avanzan, la falta de claridad sobre los determinadores del crimen mantiene en vilo a la opinión pública. En paralelo, el refuerzo de la seguridad electoral busca evitar que la violencia política empañe el proceso democrático de 2026.
