El presidente Gustavo Petro anunció que ordenó iniciar el proceso para vender el helicóptero presidencial FAC-0008, luego de que la empresa italiana Leonardo Helicopters suspendiera el soporte técnico y el mantenimiento preventivo de la aeronave. La compañía tomó la decisión tras la reciente inclusión del mandatario colombiano en la Lista Clinton, lo que exige una licencia especial ante la OFAC para continuar cualquier operación vinculada con bienes asociados al jefe de Estado.
El helicóptero FAC-0008, un AgustaWestland AW139 adquirido durante el gobierno de Iván Duque, es utilizado para desplazamientos cortos del presidente y cuenta con una configuración VIP. Sin embargo, al no poder recibir mantenimiento mientras avanza el trámite regulatorio exigido a la firma italiana, la aeronave quedó temporalmente fuera de servicio.
Petro calificó la determinación como “una ofensa para Colombia” y aseguró que ya impartió instrucciones para iniciar acciones legales por presunto incumplimiento contractual. A través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que “El Estado colombiano no está sancionado. He pedido a los abogados que inicien demanda contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad, y solicito poner en venta el helicóptero que compraron, pues prácticamente no lo necesito”.
El jefe de Estado también pidió al movimiento democrático italiano revisar la actuación de la compañía y abrir un debate en ese país sobre las implicaciones de la decisión tomada. Petro cuestionó que la empresa equipare su situación personal con la del Estado colombiano, señalando que, bajo esa lógica, “tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado”.
En su pronunciamiento, el presidente insistió en que la suspensión de mantenimiento no obedece únicamente a razones técnicas o regulatorias, sino a lo que considera una “persecución” por su postura frente al conflicto en Medio Oriente. “Con Francesca Albanese y conmigo se está cometiendo una enorme injusticia internacional por nuestras posiciones contra el genocidio en Palestina”, afirmó, advirtiendo que el uso de sanciones diseñadas para combatir el crimen no debería convertirse en un mecanismo para censurar posiciones políticas o diplomáticas.
Finalmente, Petro destacó que existe una campaña internacional en su defensa y pidió extenderla a otras personas que, según él, también han sido afectadas por sanciones derivadas de su labor institucional, entre ellos jueces, periodistas, funcionarios de la ONU y otros jefes de Estado.
El Gobierno no ha informado aún, qué aeronave reemplazará temporalmente al helicóptero presidencial ni cómo se garantizará la seguridad en los desplazamientos aéreos del mandatario mientras se resuelve la situación contractual con la empresa italiana.
