El Tribunal Superior de Bucaramanga ratificó la condena de 20 años de prisión contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del Colegio Nuestra Señora del Rosario, en el corregimiento de Riachuelo, municipio de Charalá (Santander).
La exdirectiva fue hallada culpable de haber colaborado con el frente paramilitar Cacique Guanentá y de permitir abusos sexuales y secuestros de estudiantes entre los años 2001 y 2003.
La sentencia, emitida por la Sala Penal del Tribunal con ponencia del magistrado Guillermo Ángel Ramírez Espinosa, confirma un fallo de primera instancia proferido por un juzgado especializado en delitos de lesa humanidad. En el documento judicial, de 136 páginas, se establece que la procesada permitió el ingreso y permanencia de hombres armados en las instalaciones del colegio y en su vivienda, que eran utilizadas como puntos de reunión, alojamiento y centros de operaciones por los miembros del grupo armado ilegal.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Gutiérrez facilitó espacios dentro del colegio para que los cabecillas del frente Cacique Guanentá cometieran agresiones sexuales contra menores de edad. Testimonios recopilados durante el proceso señalaron que la mujer presentaba a las estudiantes en eventos sociales, como bazares y reinados de belleza, donde posteriormente eran víctimas de violencia sexual.
En el fallo se documentó que al menos dos de las jóvenes permanecieron privadas de la libertad durante largos periodos y fueron sometidas a abusos por parte de varios integrantes del grupo, identificados con los alias de “Víctor”, “Carlos”, “Nariz”, “Chirrete”, “Silvestre” y “Shuster”.
El Tribunal determinó que la exrectora fue responsable de los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Además, se consideró que su comportamiento contribuyó al mantenimiento del control territorial del grupo armado en la región y al sometimiento de la población civil durante el periodo de operación del frente paramilitar entre 2002 y 2006.
La investigación también reveló que la vivienda de Gutiérrez, ubicada cerca del colegio, era frecuentemente utilizada por los integrantes del frente como punto de descanso y de almacenamiento de víveres. En ese lugar, se realizaban reuniones y celebraciones sociales, en las que participaban jefes paramilitares y algunos colaboradores civiles del grupo.
El Tribunal ordenó la captura inmediata de Lucila Inés Gutiérrez para el cumplimiento de la pena de prisión. La sentencia fue notificada el 29 de septiembre de 2025 y deja en firme la responsabilidad penal de la exrectora, aunque su defensa podrá interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Con esta decisión, cierra un proceso que se extendió por varios años y que recopiló testimonios, informes de derechos humanos y pruebas documentales sobre los hechos ocurridos en Charalá durante el auge del frente Cacique Guanentá en Santander.
