$13 billones significan progreso o parálisis, según la decisión política que se tome con ellos.
Por: María Bibiana Botero Carrera* –
Cuando hablamos de cifras tan altas como los $13 billones de pesos que el Gobierno Nacional no desagregó, inicialmente, en el presupuesto de la Nación para el 2024, corremos el riesgo de perder la dimensión de los números. $13 billones representan el 2,6 % del presupuesto nacional que, para este año, llega a $502,6 billones; la misma cifra corresponde a 17 años de presupuesto de un departamento como el Chocó, que en 2023 contaba con $ 723.000 millones. $13 billones significan progreso o parálisis, según la decisión política que se tome con ellos.
Dado que de esos $13 billones dependen urgentes obras de infraestructura y la vida de varias universidades públicas del país, hagamos una última comparación: con ese dinero se pueden pavimentar 3.330 kilómetros, la distancia que separa a Colombia de México. También equivale a 12 años de presupuesto total de la Universidad Nacional de Colombia, la más grande de nuestro país.
Las consecuencias de la decisión inicial de no desagregar el Presupuesto fueron delicadas y diversas. Por un lado, causó incertidumbre frente a la terminación de obras tan importantes como las 20 vías 4G en el país, que incluyen en Antioquia al Túnel del Toyo, las vías Pacífico 1 y 2 y el Metro ligero de la 80, entre otras. Solo en Antioquia, la duda por los $4 billones necesarios para finalizar las obras, generar empleo y conectar al país, provocó el llamado de, además de los mandatarios locales, gremios, bancada antioqueña, Asamblea Departamental y otras instituciones que sumamos fuerzas para alertar al país de la gravedad de este asunto.
Aunque esta situación, provocada por las decisiones del Gobierno Nacional, fue reversada a través de un decreto de yerros que incluyó la desagregación de los proyectos a financiar, no podemos negar que la gran consecuencia de este episodio – al que se suman el sitio a la Corte Suprema de Justicia, el reciente informe del Dane que muestra un preocupante crecimiento económico del 0.6%, la no realización de los Juegos Panamericanos y la suspensión del Canciller -, es el deterioro de la confianza en todos los niveles.
Confianza difícil de recuperar, cuando a esto le sumamos las muy imprecisas declaraciones de nuestro presidente con respecto a las vías que pasan por Antioquia, en las que afirma que “las mejores carreteras van desde El Poblado hasta Rionegro, donde los habitantes de El Poblado tienen sus fincas. La inversión pública ha servido para valorizar las tierras de la gente más pudiente de Colombia, y no pagan valorización”.
Inversionistas internacionales, calificadoras de riesgo, gremios y empresarios ven con preocupación cómo día tras día se materializan en nuestro país la desinformación y la polarización social, dos de los retos mundiales más inminentes, según el Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial.
El interés nacional debe primar por encima de cualquier consideración adicional. La confianza se construye cuidando las instituciones y sus reglas, respetando los principios democráticos y manteniendo la coherencia con un lenguaje integrador, claro y transparente en las acciones de gobierno. Colombia necesita millones, o billones, de razones para creer en el futuro, para confiar.
