El Gobierno del presidente Gustavo Petro estima un costo de aproximadamente $10 billones para soterrar la autopista Sur en Bogotá y Soacha, un proyecto considerado clave para mejorar la movilidad y fomentar el desarrollo en esta zona estratégica.
La cifra fue confirmada por Martha Coronado, directora de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit), en una entrevista reciente. Según Coronado, los estudios iniciales del corredor ya fueron completados, marcando el primer paso para la eventual materialización de la obra.
La propuesta, que busca transformar la Autopista Sur de un corredor de paso a un eje de desarrollo, fue planteada públicamente en marzo de 2023 por Guillermo Reyes, entonces ministro de Transporte.
“(Soacha) no puede seguir siendo un municipio de paso, tiene que ser un lugar donde haya desarrollo para la población y, por ende, es necesario que soterremos los ingresos a Bogotá”, declaró Reyes en su momento.
El anuncio de este megaproyecto se da en un contexto de restricciones fiscales significativas para el país. Con una proyección de déficit fiscal para los próximos años y prioridades urgentes en áreas como la salud, la educación y la seguridad, el alto costo de la obra ha suscitado cuestionamientos sobre su viabilidad financiera.
El proyecto no solo representaría un esfuerzo económico considerable, sino que también generaría un impacto potencial en las cuentas públicas. La discusión en torno a la asignación de recursos ha polarizado a expertos y sectores políticos, que se preguntan si esta inversión es prioritaria frente a las necesidades actuales del país.
El soterramiento de la Autopista Sur busca abordar uno de los principales problemas de movilidad en Bogotá por sus altos niveles de congestión en una de las entradas más transitadas de la ciudad.
Además, se proyecta que la obra impulse el desarrollo económico y social de Soacha, un municipio que ha enfrentado históricas limitaciones en infraestructura y servicios públicos.
Pese a las expectativas de impacto positivo, el proyecto aún deberá superar múltiples etapas de planificación, consultas y posibles ajustes en su diseño. Las críticas sobre el enfoque de gasto público y la priorización de este tipo de iniciativas están en el centro del debate.
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