La baja moral de las FF. AA. deja muchas dudas sobre la confianza que puede tenérseles como guardianas de nuestro ordenamiento jurídico.
Muchos colombianos se vienen preguntando reiteradamente cómo van a actuar nuestras Fuerzas Armadas cuando el criminal que hoy ocupa el solio de Bolívar indique que no entregará el cargo el 7 de agosto de 2026 a las tres de la tarde.
Esa pregunta, por cierto, corresponde al realismo político con el que muchos interpretan los hechos de actualidad, concluyendo que Gustavo Petro no va a entregar el poder. En contraprestación, subyace cierta ingenuidad en tantos otros que creen imposible que este señor intente atornillarse en el cargo. Y hay un tercer grupo de gente preocupada por el futuro del país que ve las cosas más deportivamente con el argumento de que este sujeto es tan incapaz que ni para dictador sirve, que se cae solo y cosas por el estilo.
Obviamente, nadie quiere que las fuerzas legítimas den un golpe de Estado porque esa acción no se considera como una solución honorable frente a un rompimiento constitucional como el que pretendería Petro, justificado con la monserga de que es un mandato del “pueblo”. Y ese golpe es más improbable en la medida en que las FF. AA. han sido desmanteladas en su oficialidad desde que este individuo llegó al poder; es que no solo promovió el retiro de decenas de generales sino que ha apartado a más del 20% de los coroneles, que son, a la postre, los oficiales de mayor mando en las tropas.
Los ingenuos y los serviles a Petro niegan de entrada la posible responsabilidad de nuestra Fuerza Pública en el restablecimiento del orden una vez que aquel rompa las normas constitucionales. Y aducen que correspondería más bien a las altas esferas judiciales restituir el orden. Eso nos recuerda la decisión, por allá en 1990, de darle vía a una asamblea constitucional que derivó en la actual Carta, a pesar de que las normas de entonces no lo permitían. Apenas por un voto se aprobó el mecanismo, que de todas maneras era espurio.
De la misma manera, la Corte Constitucional podría aprobar un llamado de Petro a una Constituyente aduciendo supuestas razones de fuerza mayor. Ello bien podría ocurrir con ocasión de los delirios ideológicos de algunos magistrados o de oportunos engrases del Gobierno a través de los Olmedos y Sneyders de turno. De los magistrados de las otras altas cortes cabría esperar la misma obsecuencia porque el llamado ”progresismo” abunda en esas esferas.
Dado el caso, sin embargo, de que nuestras cortes negaran las pretensiones dictatoriales de Petro, se presentaría un evento similar al de un reo que no quiere comparecer ante el juez, al que se declara en ‘contumacia’ y se le ordena a las autoridades competentes capturarlo, así como se hace también con el que es juzgado y condenado en ausencia. Es decir, no pueden los magistrados ir armados de toga y birrete a capturar a un dictador. Ello correspondería a las Fuerzas Armadas.
Ya el general retirado Eduardo Zapateiro lo ha sugerido muchas veces y hace poco lo hizo el comandante de las FF. AA., el general Helder Giraldo. Nuestras Fuerzas no son golpistas pero están para hacer cumplir la Constitución y la ley en caso de que alguien pretenda pisotear la democracia. En tal sentido, el actuar patriótico de nuestras Fuerzas sería lo único que puede evitar que esto termine en la guerra civil que muchos ya están previendo. No importando lo que ocurra, la Fuerza Pública tiene que garantizar que Petro no se pase ni un minuto del límite de su mandato.
Pero nuestro Ejército no solo se ha debilitado sino que muestra una moral que deja muchas dudas sobre la confianza que puede tenérsele como guardián de nuestro ordenamiento jurídico. A los colombianos de bien se nos desgarra el alma cuando vemos comunidades que humillan soldados a punta de machete, los retienen, los expulsan de los territorios, les impiden operar. Y el Estado entero permite esa humillación. Por su parte, el daño que hizo en las Fuerzas Armadas y de Policía la tardanza para reaccionar de casi un mes en la toma criminal de 2021 fue devastador. La autoridad hay que ejercerla.
El aceite, pues, está medido y por eso el sátrapa planea quedarse. Hace rato, nuestras Fuerzas Constitucionales están maniatadas, desmanteladas, acobardadas, y así queremos que sean guardianas de la Constitución. En verdad, deberían serlo con todas sus consecuencias; de ellas depende salvar la Patria. Pero, ¿hoy están listas? Dios nos coja confesados.
