La historia nace desde el 2022, cuando los congresistas del Pacto Histórico, conocedores de que habían violado los topes de campaña, radicaron un Proyecto de Acto Administrativo, para incorporar ajustes en la Constitución Nacional en materia de la financiación estatal de las campañas políticas y cambiar el artículo 109, que hace que, tras la violación de topes de campaña, los candidatos son responsables y pueden terminar perdiendo la investidura y quedar inhabilitados.
Para cambiarlo los congresistas del Pacto Histórico en ese momento: Roy Barreras, Isabel Cristina Zuleta, Esmeralda Hernández, Gloria Flórez, Alex Flórez, César Pachón, Pedro Flórez, Sandra Jaimes, Alirio Uribe, Marta Peralta, Clara López, María José Pizarro e Isabel Quiroga; plantearon los cambios, solo cuatro días después que el presidente de la República, Gustavo Petro, se posesionara y 20 después de posesionarse el Congreso.
La idea, que sale hasta ahora a la luz, era el evitar con este cambio, pudieran ser investigados por el CNE y los organismos de control y llegar a perder la investidura, en caso de resultar responsables por violar los topes de campaña, incluyendo la campaña del presidente, o previendo el escenario que hoy los embarga, con el propio presidente.
Lo mas llamativo, es que tras esta iniciativa y conociendo lo que podía venir a futuro por las investigaciones de violación de los topes que campaña que salpicarían al presidente Gustavo Petro, los representantes del Pacto Histórico hicieron todo lo posible por buscar mayorías dentro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la que tiene la potestad, en el Congreso, para investigar al presidente y a donde, en este momento, está radicado el juicio político por el artículo 109 y a donde deberán llegar los expedientes del Consejo Nacional Electoral, una vez la plenaria de vía libre a la investigación del presidente.
Uno de estos congresistas, curiosamente, es Alirio Uribe, uno de los proponentes y firmantes del proyecto de Acto Administrativo del 2022 y quien habría buscado legislar en beneficio propio y quien desde la Comisión de Acusaciones, busca controlar las investigaciones contra el presidente.
El proyecto de Acto Legislativo con el que pretendían cambiar la Constitución para su propio beneficio, buscaba que fuera el Estado el que financiara las Campañas Políticas y que se modificara el artículo 109, que es el que evita que vuelva a pasar en Colombia, lo que ocurrió en la campaña de Ernesto Samper.
La fecha de radicación es el 11 de agosto de 2022, justo cuatro días después de ese 7 de agosto en que el presidente tomó posesión. Desde entonces, ya el Pacto Histórico sabía de los riesgos de un avance de las investigaciones por violación de topes de campaña Petro Presidente.
Desde aquella fecha de radicación, varios de los firmantes han salido del congreso al perder sus curules por diversos motivos, entre ellos, Roy Barreras y César Pachón; pero el solo hecho que este acto exista, podría ser causal para pérdida de investidura y muerte política; pues casos similares han sido causal de estas sanciones.
El abogado paisa, Alberto Miguel Restrepo, radicó ante la Corte Suprema de Justicia, una denuncia contra los firmantes del proyecto de Acto Administrativo, explicando que “Denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal y violación de conflicto de intereses, derivados de proyecto de acto legislativo radicado el 11 de agosto de 2022, número 18 Senado, 243 Cámara, por cuyo medio, con el falso pretexto de democratizar el sistema electoral, parlamentarios del Pacto Histórico proponen reformar el artículo 109 de la Constitución Nacional y, sin mencionarlos, con su aprobación se eliminarían subrepticiamente los incisos 4º y 7º de dicha disposición constitucional, pues al eliminar el inciso 4º que fija los topes máximos de financiación de campañas electorales y, por falta de objeto, también se elimina la sanción de pérdida de investidura que por violar los topes máximos de financiación establece el inciso 7º de dicha disposición constitucional“.
El abogado Restrepo, señala en su escrito que desde que radicaron el proyecto lo han escondido al decir que “Ese proyecto de Acto Legislativo 18 Senado, 243 Cámara, no ha sido difundido socialmente y, por tanto, desde su radicación ha permanecido oculto para la inmensa mayoría de los colombianos, tampoco conozco el estado actual de su trámite legislativo. Su sola presentación constituye un acto de “Corrupción Política”, cometido por parlamentarios de la coalición de gobierno, Pacto Histórico, el cual se produjo apenas 20 días después de la instalación del Congreso, y 4 días después de la posesión del presidente, Gustavo Petro.”
En el mismo escrito, el abogado explica que existe un claro conflicto de intereses y que el legislar en beneficio propio es causal de pérdida de investidura para los congresistas y el presidente al señalar que “En ese proyecto de reforma constitucional se evidencia un conflicto de intereses particulares de los proponentes respecto al interés general y, además una presunta conducta punible de fraude procesal, que es delito pluriofensivo, pues, está direccionado a conseguir la impunidad de un hecho consumado como es la violación de los límites máximos de financiación de la campaña electoral de 2022, que aunque no sea una conducta punible, constituye causal de pérdida de investidura del elegido presidente, Gustavo Petro.”
Denuncia el abogado Alberto Miguel Restrepo, que los congresistas del Pacto Histórico buscaron eliminar los puntos claves del artículo 109 y explica que con “ese Acto Legislativo se eliminaran de la Constitución los incisos 4º y 7º del artículo 109, que ordenan fijación de límites máximos de financiación de las campañas electorales y establece la sanción de pérdida de investidura o destitución por su violación, el actual gobierno del Pacto Histórico podría “perpetuarse en el poder.“
Pero además señala que el proyecto impulsado por el Pacto Histórico, pretendía inducir a los congresistas a votar sobre un error, al explicarle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que “El contraste de los textos del actual artículo 109 de la Constitución Política con el texto propuesto en ese Acto Legislativo, pone de manifiesto que, lo proponentes intentan inducir en error a los parlamentarios de los demás partidos, llevándolos a que equivocadamente, (que es lo que se intenta queapruebe mediante los llamados “micos”), voten positivamente por la eliminación de los topes o límites máximos de los gastos de las campañas electorales y, voten positivamente por la eliminación de la sanción de perdida de investidura o destitución de los funcionarios elegidos por elección popular que violaron esos topes y, por tanto, queda al descubierto que el objeto y fin de ese proyecto de Acto Legislativo, no es mejorar y darle transparencia al sistema de financiación de las campañas electorales, sino conseguir la impunidad absoluta de un hecho ya consumado, como lo es la violación de los límites máximos de la campaña presidencial de 2022, lo cual a su vez pone de manifiesto que, con ese proyecto sus proponentes buscan satisfacer un interés político de hondas y perversas raíces ideológicas, como lo es la implantación de un régimen totalitario en Colombia.”
La gravedad de las denuncias no solo deben ser consideradas por la Corte Suprema de Justicia, sino llamar la atención de los colombianos, sobre la mala fe de los congresistas del Pacto Histórico, que defendiendo su pensamiento de “todas las formas de lucha para mantenerse en el poder, han intentado manipular el sistema legislativo para poder acomodar las leyes a la realidad oscura que cobija al presidente Gustavo Petro y a ellos mismos, como coalición de Gobierno porque como lo señala el abogado Restrepo “Con ese proyecto de Acto Legislativo, los proponentes buscan que mediante la eliminación subrepticia de los incisos 4º y 7º del Artículo 109 de la Constitución Nacional, no se pueda aplicar la sanción de perdida de investidura o destitución del Presidente Gustavo Petro, no obstante que, está probado que en su campaña presidencial se violaron los límites o topes máximos de financiación, pues el Consejo Nacional Electoral ya anunció que los gastos de financiación sobrepasaron en más de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), el límite máximo de financiación de la campaña presidencial, el cual era de trece mil millones de pesos ($13.000.000.000).“
El abogado recuerda que el objetivo del Pacto Histórico “En el contenido literal de dicho proyecto se observa que, sus proponentes actúan en causa propia, que, su real objeto y fin es conseguir que se elimine del cuerpo de la Constitución la causal de perdida de investidura por violación de los límites máximos de financiación de la campaña presidencial de 2022, – lo cual es un hecho consumado – , pues es obvio que, según la prueba recaudada por la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, los gastos en exceso ascendieron a cinco mil trescientos millones de pesos ($5.300.000.000), por lo que se infiere que la presentación del proyecto de reforma constitucional obedeció a la necesidad de evitar la pérdida de investidura por causa de la violación de los topes máximos de financiación de la campaña presidencial, pues los proponentes estimaron que, por ese motivo se encontraba en riesgo la continuidad en el cargo del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego“.
El documento completo ante la Corte Suprema de Justicia, puede leerse a continuación:
Ahora la duda crece sobre la falta de transparencia e idoneidad que se tienen en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, también conocida tradicionalmente, como la Comisión de Absoluciones, mote que se hizo generalizado, tras el juicio frustrado contra el expresidente Ernesto Samper, pese a la comprobación de los ingresos de dineros ilegales del Cartel de Cali a su campaña.
Desde entonces, el legislativo quiso, en parte, remediar lo ocurrido y blindó con el artículo 109, los procesos electorales, haciendo responsable de lo que ocurra con los dineros de las campañas a los candidatos.
Hoy la Comisión de Acusaciones vuelve a estar en el “ojo del huracán”, porque sus integrantes son en gran parte, jueces y parte dentro del proceso que hoy tienen en sus manos.
La Comisión de Acusaciones, tiene 18 integrantes, siendo mayoría los afines al gobierno, sumando a los representantes de la bancada presidencial del Pacto Histórico (3) -Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, Gloria Elena Arizabaleta Corral y Alirio Uribe Muñoz. Los miembros de la coalición de Gobierno representantes del Partido Alianza Verde (2)– Olga Lucia Velásquez Nieto y Luvi Katherine Miranda Peña.Los representantes de las Circunscripción de Paz (2)– Jorge Rodrigo Tovar Vélez, Jorge Rodrigo Tovar Vélez; para un total de 7 miembros Petristas de 18 integrantes
En una posición que el país ha descrito como poco ética, están quienes representan los partidos que ya han comprobado que votan según los pactos políticos a cambio de “mermelada”, es decir, los representantes del partido Liberal (3)– Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, José Octavio Cardona León y María Eugenia Lopera Monsalve. Los representantes del Partido de la U (2)– Jorge Eliécer Tamayo Marulanda y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza. Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza. Los representantes del Partido Conservador (3)– Wadith Alberto Manzur Imbett , Daniel Restrepo Carmona y Juan Carlos Wills Ospina; para un total de 8 potenciales pro-petristas de 18 integrantes.
Restan los miembros de la oposición representantes del Partido Cambio Radical (1)– Carlos Alberto Cuenca Chaux, y del Partido Centro Democrático (2)– Hernán Darío Cadavid Márquez y Oscar Leonardo Villamizar Meneses; para un total de solo 3 en oposición de 18 integrantes.
