Ecuador y Colombia han llegado a un acuerdo en el que Colombia venderá 6 GWh de energía a Ecuador.
Este acuerdo se produce en un momento en que el embalse de Mazar, que suministra energía a Ecuador, está al 32% de su capacidad. El objetivo de este acuerdo es mitigar los cortes eléctricos causados por la sequía en dicho embalse.
Paralelamente, el Ministerio de Minas y Energía anunció un incremento en la energía por generación forzada. La generación forzada implica tener el 100% de las termoeléctricas en funcionamiento, lo que generará gastos adicionales que se reflejarán en las facturas de los consumidores.
El impacto de este incremento se sentirá con mayor fuerza en la Costa Atlántica de Colombia, donde se espera que el costo del KW/h suba a 250 pesos. Los habitantes de la Costa Atlántica han estado pagando facturas de luz que muchas veces triplican o cuadruplican lo que paga un usuario del mismo estrato en el interior del país.
¿Solución a corto plazo?
Aunque el acuerdo entre Ecuador y Colombia parece ser una solución a corto plazo para los problemas de energía de Ecuador, también plantea preguntas sobre la sostenibilidad de la generación forzada y el impacto en las tarifas de energía en Colombia.
A medida que los costos de energía aumentan, los consumidores se enfrentan a la perspectiva de facturas de energía más altas.
Las tarifas de energía eléctrica subirán aún más a partir de mayo como consecuencia de la Resolución No. 40116 del Ministerio de Minas, que obliga a las termoeléctricas a hacer despachos forzados y fija nuevas reglas para el despacho de las hidroeléctricas.
Esa medida ocasiona incrementos en el costo de las Restricciones a través de las cuales se distribuye el costo de la generación forzada del parque termoeléctrico.
Efectos de las resoluciones
“El aumento del costo del componente de restricciones impacta el costo unitario, que en los primeros dos días de la aplicación de esta resolución subió de $8 por kilovatio hora a $256 por kilovatio hora, y a ello se sumarán los pagos de los saldos de deuda que tienen los usuarios con los comercializadores por la llamada ‘opción tarifaria’; las alzas derivadas de tener una oferta de energía menor a las necesidades de la demanda del mercado; y los incrementos por el castigo establecido por el Gobierno nacional para quienes excedan sus consumos”, precisó el comité.
La intervención del mercado hecha por el Gobierno premia las ineficiencias de aquellas hidroeléctricas que no hicieron una adecuada gestión de sus embalses y se comprometieron a entregas que no podían cumplir, y de las comercializadoras que no se cubrieron con contratos bilaterales.
Decisiones como la adoptada por MinMinas invalida el positivo efecto del cargo por confiabilidad, que está hecho para situaciones como las derivadas de las actuales condiciones climáticas.
Además del cargo por confiabilidad que pagan los usuarios para que las térmicas operen a su máxima capacidad y atiendan la demanda de energía que no pueden suplir las hidroeléctricas, ahora el Gobierno aplica sobrecostos en las facturas de energía con el mismo propósito, lo que significa un doble pago por ese concepto.
Como consecuencia de ello, las hidroeléctricas compran en bolsa a un menor precio la energía que necesitan ellas mismas para atender sus obligaciones contractuales de entregas, aumentando sus ganancias mientras llenan los embalses, y se incrementa de manera desproporcionada el costo de las restricciones a toda la demanda de energía.
Por otro lado, la Resolución No. 101042 de la Creg introduce incrementos tarifarios sustanciales que castigan el exceso en el consumo de energía, con tarifas incrementadas hasta un $1.303 para los estratos uno al tres, $1.503 para los estratos cuatro al seis, y 2003 para el sector comercial e industrial.
Esta medida puede resultar contraproducente para el dinamismo económico de la región Caribe, una zona con una creciente demanda energética, exacerbada por el alza de las temperaturas, situación que afecta directamente a las actividades de sectores vitales como el turismo, comercial e inmobiliario.
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