Por José Alejandro Pérez M
@Hablandodeautos
En 2015 la industria automotriz se vio sacudida por la revelación del fraude que Volkswagen había realizado de manera sistemática desde el año 2009 con la instalación, en cerca de 11 millones de sus vehículos, de un software que falseaba los datos reales de emisiones de gases con el fin de hacerlos pasar los controles de las autoridades ambientales de Estados Unidos y también Europa.
Ese escándalo, conocido como el Dieselgate, llevó a la marca pagar un alto precio en su reputación– que apenas viene recuperándose basado en su estrategia de impulso a la movilidad eléctrica– y financiero, con el pago de más de 33.000 millones de dólares entre compensaciones a compradores, recompra de vehículos, indemnizaciones a distribuidores, y sanciones.
Pues bien las consecuencias de este hecho no paran. Y esta vez para quienes eran los más altos directivos del Grupo Volkswagen en la época. Es así como el Consejo de Supervisión de Volkswagen decidió presentar reclamaciones por daños y perjuicios contra el ex presidente del Consejo de Administración del Grupo, Martin Winterkorn, y el ex miembro del Consejo de Administración del Grupo y Presidente del Consejo de Administración de AUDI. AG, Rupert Stadler. Esta decisión se basa en lo que en la legislación alemana cataloga como incumplimiento del deber de diligencia en virtud de la ley de sociedades anónimas.
Volkswagen contrató una investigación a cargo del bufete de abogados Gleiss Lutz, que concluyó que se habían producido incumplimientos por negligencia del deber. La investigación abarcó a todos los miembros del Consejo de Administración que estuvieron en funciones durante el período pertinente y fue, con mucho, la investigación más completa y compleja llevada a cabo en una empresa en la historia económica alemana y que abarcó más de 480 millones de documentos y cerca de 65 petabytes en datos.
Sobre la base del resultado de esta investigación, el Consejo de Supervisión del grupo automotriz alemán concluyó que Martin Winterkorn violó sus deberes de diligencia como ex presidente del Consejo de Administración de Volkswagen AG a no brindar información exhaustiva ni rápida sobre las circunstancias del uso de este software ilegal en los motores diésel TDI 2.0 que se vendieron en vehículos en Estados Unidos entre 2009 y 20015 y tampoco tomó las medidas para asegurar que las respuestas a los requerimientos de las autoridades de ese país se respondieran de forma veraz completa y sin retrasos.
El Consejo de Supervisión también concluyó que Rupert Stadler incumplió sus deberes de cuidado al no garantizar, en el período del 21 de septiembre de 2016 en adelante, que los motores diésel V-TDI de 3.0 litros y 4.2 litros desarrollados por AUDI e instalados en los vehículos de Volkswagen de la UE, AUDI y Porsche fueron investigados con respecto a funciones de software ilegales.
Ya el Grupo Volkswagen había iniciado procesos de reclamación anteriormente contra otros miembros de los consejos de dirección de Audi y Porsche.
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