Por: Santiago José Castro Agudelo
Gustavo Petro insiste en que sus reformas tienen que ser aprobadas por el Congreso porque así lo definió el pueblo.
Supongo que se refiere a la mitad del censo electoral que participó en la elección presidencial, evento en el que logró poco más del 50% de los votos, es decir, poco más de la cuarta parte de los ciudadanos votaron por él. Es clave precisar este asunto, pues el conjunto de todos los partidos con representación en ambas cámaras del legislativo colombiano suman más votos que los que fueron depositados por el hoy jefe del estado.
Es claro entonces que ese pueblo al que se refiere Petro también está representado en el legislativo, e incluso en el poder judicial, ramas que le estorban, al decir de sus alocuciones presidenciales, en las que ataca a magistrados y congresistas por hacer valer la división de poderes y la democracia.
Pueblo que incluye a las mayorías que sobreviven gracias al rebusque, pues el empleo formal es escaso, es un privilegio que beneficia a pocos en Colombia. Pueblo que asume cada dos años mayores cargas tributarias para sostener a un estado que promete lo que no puede garantizar, y que siempre sufre la triste socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias.
Colegios y universidades deben garantizar el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así lo establece el artículo 41 de la carta política. Esto obliga a socializar la importancia de la división de poder, de la igualdad ante la ley, de la prevalencia del interés general y todo lo que estipula ese gran acuerdo que se asume es una Constitución Política.
¿Cómo orientar una reflexión sobre la legitimidad electoral del Congreso cuando el jefe del estado alega que el único poder popular es el suyo?
¿Cómo exponer la importancia de la propiedad cuando el presidente habla de expropiar?
¿Cómo poner sobre la mesa los deberes, que incluyen cumplir con el ordenamiento jurídico colombiano, cuando desde el gobierno se sugieren transferencias en dinero a los delincuentes a cambio de que reduzcan su accionar?
Petro debe moderar su lenguaje y respetar la Constitución Política de Colombia, esa de la que se alega defensor por haber militado en la guerrilla del M-19, que la asumió como un acuerdo de paz; esa que garantiza una amplia carta de derechos para todos y no solo para las minorías que suelen elegir presidentes y que lo eligieron a él.
Colombia tiene que poner fin a la confrontación violenta y eso no se logra gritando vivas a la primera línea y vivas a la revolución, añorando además a la unión soviética, desde el balcón del palacio de Nariño.
No hay nada más peligroso que un gobierno que pretenda asentarse en mayorías inexistentes, para imponer la voluntad de una minoría.
