El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó el incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este no cumpliera con la orden judicial de nombrar a seis expertos comisionados en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La orden original fue emitida el 25 de enero de 2024, y el plazo para su cumplimiento venció el 27 de junio del mismo año.
La Presidencia presentó un recurso de reposición, argumentando que el Tribunal carecía de competencia para tramitar el incidente de desacato, señalando las disposiciones constitucionales sobre la inmunidad presidencial.
Sin embargo, el Tribunal desestimó el recurso, argumentando que su labor era asegurar que el fallo judicial se cumpliera, sin violar el fuero presidencial.
Según la Constitución, el Presidente solo puede ser investigado por delitos si la Cámara de Representantes lo acusa formalmente y el Senado aprueba la formación de causa, un aspecto que no se aplica en este caso.
El incumplimiento de la orden judicial ha sido objeto de controversias, particularmente tras la reciente decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Omar Prias y Antonio Jiménez como miembros de la CREG.
Esta situación ha generado tensiones dentro del gobierno, ya que la designación de los comisionados es fundamental para garantizar la estabilidad en la regulación del sector energético del país.
