Por: Nicolás Pérez
Después de muchos años de trabajo y planeación podemos decir que tenemos un sistema de salud bueno, con una cobertura mayor al 97% de la población y con un servicio que muchos países quisieran tener. No se nos puede olvidar que hace poco más de 30 años tan solo 27 de cada 100 colombianos tenían acceso a la salud, lo que significaba que los 73 restantes debían empeñar su patrimonio para financiar los servicios que requerían o mendigar de hospital en hospital esperando que por caridad fueran atendidos algún día.
Y claro, esto no quiere decir que nuestro sistema sea perfecto. Por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, siempre me ha aterrado la dispersión de precios que existe entre un procedimiento, una radiografía o un medicamento. Me explico: muchas veces uno encuentra facturas de clínicas que por la misma ecografía cobran, sin vergüenza alguna, entre 3, 4 o 5 veces más que otras IPS. Algo que no tiene sentido, que descalabra financieramente el sistema y que debe mejorarse, entre otras opciones, fijando un margen de precios, es decir, un mínimo y un máximo que pueden cobrar por los servicios de acuerdo a promedios que se determinen de forma técnica.
Ligado a esto, es urgente que se determinen fechas claras de pago de los servicios, dado que una de las excusas que se utilizan para cobrar $400.000 por procedimientos que realmente cuesta $100.000 es que los prestadores no saben cuándo van a recibir los recursos. Esa incertidumbre no beneficia a nadie y comienza con los retrasos del Gobierno Nacional en la transferencia del dinero a las EPS.
Adicionalmente, es necesario crear un sistema más eficiente de auditoría a la facturación clínica. Hoy tenemos la tecnología suficiente para avanzar en ello y acabar con las demoras y la corrupción. Ciertamente Colombia tiene que avanzar con reglas, precios, rangos y formas de pago claras que eviten volver nuestro sistema de salud un mercado persa de especuladores, donde ni siquiera los gota a gota de los barrios más vulnerables se atreven a tener tasas de financiamiento tan altas como las que vemos en la salud.
También tenemos que democratizar el acceso las especializaciones médicas. En nuestro País estas parecen una mafia a la cual solo pueden tener acceso los más pudientes y quienes tienen contactos en las altas esferas. Si no hay más cirujanos, cardiólogos, pediatras o gastroenterólogos no es por falta de voluntad, de recursos o de talento humano, sino porque los actuales especialistas limitan los cupos en las universidades de forma tal que, al haber muy pocos médicos disponibles, estos pueden cobrar salarios inmensos en perjuicio de miles de pacientes que deben esperar meses para poder ser atendidos. La salud no puede seguir siendo un negocio manejado por elites cerradas que blindan los accesos a estas para garantizarle retribuciones económicas desproporcionadas a unos pocos.
Ahora bien, las anteriores correcciones están muy lejos de pretender hacer un cambio radical de modelo por uno no probado que ponga en riesgo la salud de nuestros abuelos y de cada uno de nosotros. Actualmente tenemos un sistema justo donde hay una parte solidaria y otra subsidiada, es decir, los que ganan más se auto financian y aportan recursos para que los menos favorecidos tengan acceso al sistema, los que ganan lo justo se auto sustentan y los más pobres son subsidiados por los más adinerados y por el Gobierno.
Además, el actual modelo es atractivo para participantes locales y extranjeros. Si bien se pueden recortar un poco sus beneficios a los privados, tenemos que seguir manteniéndolo atractivo para que sigamos teniendo un servicio operativo y saludable. En Colombia logramos la cobertura universal y la enfermedad no es sinónimo de quiebra para la familia, como sí ocurre en otros países, donde, por un lado, los seguros médicos son realmente costosos y, por otro lado, las cuentas de los hospitales terminan siendo peores que las hipotecas para los no asegurados.
En resumen, sí a una reforma a la salud que logre regular precios de procedimientos, exámenes y medicamentos. Sí a una reforma que democratice el acceso de a la formación de nuevos especialistas. Sí a una reforma que garantice una auditoria a las facturaciones clínicas. No a una destrucción total de un sistema probado que funciona, que tiene una excelente cobertura y que al cambiarlos dejaríamos al garete la salud de cada uno de los colombianos.
Solo imagínense, por un momento, que los $74 billones anuales del sistema de salud no sean administrados por altos gerentes del sector privado, como ocurre hoy en día, sino por los 1.103 Alcaldes del País, de los cuales hay muchos buenos, pero también hay casos nefastos de corrupción, clientelismo y derroche.
