La Superintendencia Nacional de Salud anunció la puesta en marcha de un Plan de Choque Nacional orientado a responder al aumento de peticiones, quejas y reclamos relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud. Según la entidad, la medida busca asegurar de manera inmediata el derecho fundamental a la salud y mejorar el uso eficiente de los recursos del sistema.
De acuerdo con la Superintendencia, el plan tendrá una duración inicial de nueve meses y operará en todo el territorio nacional. Su implementación será de carácter obligatorio para EPS —intervenidas y no intervenidas—, IPS, gestores farmacéuticos y autoridades territoriales de salud, quienes deberán articular acciones bajo el liderazgo técnico y sancionatorio de la Supersalud.
Entre los objetivos centrales, la entidad destacó la necesidad de “identificar y corregir de inmediato las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos”. Así mismo, el plan busca “garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas”, como expresión del derecho fundamental a la salud.
Otro de los propósitos es fortalecer los mecanismos de inspección y vigilancia para asegurar el adecuado manejo de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio. La Superintendencia señaló que será prioritario “evitar su desviación o uso inadecuado que afecte la prestación del servicio”, así como reducir los tiempos de respuesta y cerrar definitivamente las PQR relacionadas con medicamentos.
Acciones inmediatas
El Plan de Choque contempla intervenciones directas en territorio. Entre ellas se incluyen visitas integrales de auditoría y verificaciones sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos. También se establecen requerimientos formales con plazos estrictos y seguimiento diario.
La entidad anunció la instalación de mesas técnicas obligatorias para la concertación y resolución de controversias, y la revisión detallada del flujo de recursos entre los actores del sistema con el fin de detectar glosas injustificadas, retrasos en pagos o prácticas que afecten la liquidez necesaria para la adquisición y entrega de medicamentos.
Asimismo, se activarán mecanismos de conciliación jurisdiccional para apoyar la recuperación de cartera y evitar que la falta de pago entre instituciones impacte negativamente a los usuarios.
La Supersalud adelantará una fase de seguimiento permanente, acompañada de medidas de control orientadas para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos y garantizar la operación del plan en los territorios.
