Por Eduardo Mackenzie
El fraude electoral del 13 de marzo no ha sido analizado, ni investigado, ni sancionado. El Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, ha logrado, hasta el momento, congelar todo al respecto. Logró dormir al gobierno, a la Procuradora Margarita Cabello, al ministro del Interior, Daniel Palacios, al Consejo Nacional Electoral, a la Comisión Nacional de Garantías Electorales, al Congreso y hasta a la Misión de Observación Electoral (MOE). Todos ellos dicen estar muy atentos a lo que pasó ese día, pero, en realidad, siguen paralizados. La idea de realizar una “auditoría” o, mejor, una investigación imparcial de lo que ocurrió, para saber qué métodos fueron utilizados para ese fraude, es rechazada por la Procuradora y por el ministro del Interior. Pretexto: falta dinero para pagar esa investigación, que tendría que ser, obviamente, de alto nivel, independiente e internacional.
Y así vamos avanzando, como en una pesadilla, hacia una elección presidencial el 29 de mayo con una estructura electoral siniestra y consolidada, pues intocada y cubierta de niebla y bajo el mando de un Registrador Nacional que es capaz de sacar del nada medio millón de votos, que suben rápidamente a un millón, y que con esa cabriola aventaja a un partido, el de Gustavo Petro. ¡Y que es capaz de hacer creer enseguida que no hubo fraude sino “errores en el preconteo”! Y que Colombia es un “referente mundial” en materia de elecciones “libres y transparentes”. ¿De quién se burla Vega?
A pesar de que importantes líderes políticos, juristas, abogados, periodistas y voceros de la ciudadanía consideran inaudito ese fraude y estiman que no hay garantías para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, y piden, con sobrada razón, realizar los correctivos urgentes y la remoción de Vega Rocha, éste sigue en su oficina batallando contra toda idea de investigación independiente.
Lo de Vega es adoptar poses y hacer anuncios. Promete un “plan de choque” para “superar las debilidades” ocurridas el 13 de marzo. Problema: nadie podrá verificar si ese “plan de choque” es pertinente y si será implementado. Pues toda investigación de terreno en esa institución es impedida. Los anuncios van y vienen y los interesados siguen durmiendo.
Vega dice que habrá “cambio de jurados”, pero en seguida anula eso: pidió de nuevo la participación de Fecode para que esos docentes lo sean, ya que, según Vega, “vamos a priorizar la experiencia” de lo hecho el 13 de marzo. También promete que excluirá a 15 000 jurados que cometieron ilícitos el 13 de marzo en las 5.109 mesas de votación hasta ahora detectadas por cometer faltas inocultables. ¿Pero quién podrá verificar si esos delincuentes no serán aceptados como jurados o testigos en otras mesas? ¿Y qué pasa con las otras “irregularidades” cometidas en 23.000 mesas de votación, de las 112.000 mesas en total?
¿Quién podrá investigar estos si los que pueden y deben hacerlo están hipnotizados?
En esas condiciones, la conclusión es: la cifra de 2.302.847 votos que, según la Registraduría, habría obtenido ese día el grupo de Petro puede ser una cifra inflada.
En materia del famoso “preconteo”, el Registrador no avanzó un centímetro. Dijo: “los transmisores informarán a los receptores la votación de los ocho candidatos y los demás datos del formulario E- 14 una vez termine tendrá que verificar nuevamente una segunda verificación y efectivamente corresponde en el primer informe y una verificación se transmite el preconteo si no hay consistencia entre el primer reporte y la verificación volver a hacerse una tercera eso va para dar garantías” (1). Que entienda quien pueda. ¿Por qué verifican después de la transmisión y no antes?
El “plan de choque” de Vega es un espejismo. Es una complicación, cuando lo que se requiere es simplificación, verificación y transparencia. No es sino mirar las operaciones, los actores y el vocabulario que él propone: fuera de los jurados y de los testigos habrá y “auditores de software”, y una serie de movidas: “simulacros de preconteo”, “simulacro de digitalización”, “simulacros de escrutinio”, “escrutinios auxiliares”, “escrutinios zonales, municipales y departamentales” y “digitalización de los formularios E-14”. ¿Por qué sólo esos formularios?
¿Toda esa madeja enredada para qué? ¿Y las cifras definitivas del 13 de marzo dónde están? Esos datos están en el limbo.
Vega sigue mudo sobre los extraños casos ocurridos en 13 de marzo. ¿Por qué, por ejemplo, fueron utilizados locales, y no los salones de las Registradurías regionales, para que un personal, con contratos al borde de la ilegalidad, recibiera por teléfono las cifras de preconteo que veían no se sabe de quién ni de dónde? Vega no se ha dignado decir una palabra sobre lo ocurrido en ese sentido en Pereira.
Sobre lo que Vega llama software (no sabemos si él habla del programa digital de Indra para el escrutinio, o si se refiere a una nueva red de aparatos receptores de datos del día electoral, o si habla de un tercer sistema) dijo, en un tono no menos confuso: “Se aprobó una auditoria internacional como lo solicitó el Consejo Nacional Electoral, no solo para el preconteo, se va hacer auditoría los softwares de jurados de votación, software de primer nivel, los municipales. El software que ya está funcionando hoy ya está funcionando para Senado y ese mismo funcionará para presidente (sic) pero todos los partidos tienen auditores en todos los softwares.”
Pero la prensa informó que la “auditoría internacional” ha sido descartada pues faltan los 3.000 millones de pesos para examinar el software comprado a Indra. Y si ese software ya está funcionando para los cómputos de Senado ¿por qué los resultados definitivos del Senado no han sido publicados, 42 días después de la elección?
Pese a la jerga esotérica del Registrador nacional, y a su rechazo de una investigación independiente, las autoridades de tutela y los partidos siguen durmiendo. La razón que dan a quienes piden la investigación independiente es que “no hay unanimidad en los partidos”. El asunto visto más de cerca es increíble: un magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, acusa al candidato Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, de haberse opuesto a esa investigación. Si eso es cierto, alguien creó un mecanismo que consiste en darle poder de veto a un partido para entrabar el mecanismo investigador que todo el mundo espera. ¿Enrique Gómez está apoyando al Registrador Vega y también a Gustavo Petro, el único favorecido por un supuesto recuento de votos que le dio a este medio millón de votos en la madrugada del 14 de marzo en condiciones obscuras?
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), denunció el 17 de enero pasado que la Registraduría Nacional no hacía nada para corregir el peor error de esa dependencia: dejar en manos de grupos privados, mediante contratos, importantes funciones que son propias del Estado, pues las elecciones hacen parte de la seguridad nacional. El MOE hoy no sabe dónde están las prioridades: estuvo más interesado el 13 de marzo en observar si había garantías para “el voto de la ciudadanía trans” que en vigilar las condiciones de voto de toda la ciudadanía.
Gente muy influyente debe estar detrás de Alexander Vega Rocha pues el cuestionado Registrador sigue en su cargo y el Estado, los organismos de control y la prensa están amordazados. Vega sigue en su cuento y finge estar corrigiendo el rumbo. Lo hace pues nos ve dormidos y confiados en que el 29 de mayo, por arte de magia, el escrutinio será exacto, puro y convincente.
(1). – Ver el artículo de María Alejandra Uribe Téllez en la W Radio intitulado “Registrador anuncia plan de acción para fortalecer proceso electoral presidencial”, en https://www.wradio.com.co/2022/04/21/registrador-anuncia-plan-de-accion-para-fortalecer-proceso-electoral- presidencial/
