A los despachos del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo y del Fiscal General, Francisco Barbosa, llegó en las últimas horas, una solicitud del Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios; una solicitud para que se haga una revisión sobre el acto de posesión del Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín.
La solicitud fechada con el 17 de agosto, ya reposa en los escritorios de los funcionarios de control en el que se argumenta que el ahora gerente Álvaro Guillermo Rendón, para el 2 de enero del 2020, día en la que se posesionó en su cargo, era a su vez gerente, representante legal y miembro de la junta directiva de Global Consulting Network, S.A. empresa registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá y que se dedica en su objeto, entre otras cosas, a “la prestación de servicios de operación, administración, montaje, adecuación, mantenimiento, planeación (…) importación y exportación de toda clase de bienes y servicios; la construcción de obras de infraestructura pública o privada, la prestación de servicios públicos o privados, domiciliarios”.
Según la denuncia del Comité, el acta de nombramiento en ese cargo por parte de Global Consulting, no se había revocado para ese momento en que se posesionó como gerente de EPM, por loq ue para la fecha del 24 de enero, Rendón era a su vez gerente en posesión de EPM y de la empresa Global Consulting.
El cargo en Global, lo habría tenido desde el 29 de noviembre de 2018, cuando en acta numerada como la 04, se hizo en nombramiento que quedó registrado en la Cámara de Comercio.
Tras estos hechos, puntualmente, el Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, pide a la Contraloría y a la Fiscalía, que se examine el posible conflicto de intereses, así como que se revise si al asumir el cargo y firmar el documento de declaración de no tener conflicto de intereses, se habría presentado alguna irregularidad.
Igualmente, piden que en caso que sí se compruebe el conflicto de intereses, se proceda con la declaratoria de retiro del cargo y se sancione de acuerdo con la ley.
El Comité, invoca la aplicación de la ley 734 del Código Único Disciplinario, el Código Administrativo de lo Contencioso Administrativo en la ley 1437 y el código de ética profesional de acuerdo con el Decreto 1599 de 2005, para que se apliquen las sanciones correspondientes de comprobarse la irregularidad expresada en los hechos que exponen en la carta.
Así pues, una nueva tuerca suelta le resulta al polémico gerente de Empresas Públicas de Medellín, luego que también se conocieran las opiniones de los directivos y del Sindicato de Profesionales, en los que se le hacen duros reclamos.
Este es el documento enviado a la Procuraduría y a la Fiscalía:
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