Por John Marulanda
Si son comunes los asesinatos de cristianos en Oriente Medio y África, ya es tiempo de entender que en América Central existe un país con una dura persecución contra sus practicantes católicos. Se trata de Nicaragua. El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag fue expulsado en marzo; unas 18 monjas de la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta, abandonaron el país; nueve sacerdotes y otros colaboradores permanecen incomunicados en la cárcel de El Chipote; Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, se encuentra reducido a prisión en su residencia familiar en Managua; ocho radioemisoras y tres tele canales cristianos fueron cerrados y un sin número de fieles han sido detenidos e interrogados por las fuerzas policiales de Daniel Ortega y su esotérica esposa Rosario Murillo.
Ante el pedido de 17 organizaciones opositoras, el reciente llamado papal a una charla entre el gobierno y la Iglesia católica nicaragüense fue claro, aunque repetitivo: «Quiero expresar mi convicción y mi deseo de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica», dijo Francisco en su discurso del pasado domingo.
Lo anterior palidece frente a la cruda realidad de la ausencia de Colombia en el consejo extraordinario de la OEA que condenó la histórica reacción del gobierno nicaragüense frente a las críticas sazonadas del púlpito católico. Con 27 votos afirmativos, uno en contra, cuatro abstenciones y dos ausencias, Colombia y Nicaragua, la sesión extraordinaria del Consejo culminó con una condena generalizada a la tiranía de Ortega-Murillo por «hostigamiento» y violación a los derechos humanos.
El recientemente designado embajador en ese país, ex parlamentario León Fredy Muñoz, fue retenido en el aeropuerto José María Córdoba el 31 de mayo de 2018 con 146 gramos de cocaína. Un delincuente frente a las leyes actuales y quien ya está llamado a responder por su delito por la Corte Suprema de Justicia. El embajador ante la OEA, magistrado Luis Ernesto Vargas, tampoco apareció en el evento, siendo la colombiana una de las más nutridas delegaciones de país alguno. La Cancillería explicó que la no presencia de estos personajes se debió a que no tenían el reconocimiento oficial como representantes diplomáticos de Colombia ante las autoridades de la embajada de Nicaragua y de la OEA. Vanas justificaciones y débiles argumentos frente a un severo riesgo contra nuestra soberanía pues, si como dijo el nuevo presidente habrá que cumplir el fallo de la Corte de La Haya sobre los nuevos límites marítimos en el Caribe, las cartas parecen estar jugadas frente a sus compinches de Nicaragua y Venezuela.
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En la actualidad existe un litigio pendiente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 16 de septiembre de 2013, para una delimitación de la Plataforma Continental Extendida, más allá de las 200 millas. El otro, del 26 de noviembre de 2013, por supuestos incumplimientos al fallo de 2012, ya fue aclarado por la mencionada Corte.
El ex embajador de Estados Unidos en el país centroamericano Arturo McFields hizo una declaración pertinente: «Colombia todavía, si lo quiere, puede mandar una carta a la OEA y pedir que lo pongan como patrocinador de la resolución en contra de Ortega y pedir que su voto cuente a favor de la condena a los abusos de derechos humanos. Todavía está a tiempo de redimirse; eso sería algo extraordinario».
Y el empresario cristiano brasileño Leandro Ruschel dijo: «Haciendo aún más claro su alineamiento con el movimiento totalitario de extrema izquierda en América Latina, Petro ordenó a sus diplomáticos abstenerse de la sesión de la OEA prevista para condenar los crímenes de Daniel Ortega en Nicaragua».
«La posición de Colombia frente a la situación en Nicaragua, al abstenerse de condenar la aberrante y violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Ortega, es una gran vergüenza…», trinó el 14 de agosto el excandidato presidencial colombiano Sergio Fajardo.
Y tras esa timidez, va la cesión de soberanía como lo ha hecho el país desde 1810, entregando 54 % de su suelo a diferentes nacionalidades, incluso a la nicaragüense.
