Se agota la paciencia de los comités de revocatoria en Medellín y de los ciudadanos, tras las largas que hasta ahora ha tenido el proceso de revocatoria, que ya tiene mas de 5 meses de haberse iniciado y no avanzar todavía por la falta de entrega de los formularios para la recolección de firmas.
Al la larga vorágine de contratiempos que ha vivido el proceso y cuando la justicia ya había fallado en segunda instancia una tutela y cursa un silencio administrativo positivo; todo parecía indicar que ya todo estaba resuelto para que por fin, la Registraduría Nacional del Estado Civil, procediera con el mandato judicial y administrativo y entregara las planillas.
No estaba en los cálculos de nadie que de la nada, nuevamente la Registraduría realizara una maniobra dilatoria adicional, que en concepto de varios de los asesores jurídicos de los comités de revocatoria, están por fuera de tiempo, desconociendo la ley y desacatando los fallos.
Y es que cuando ya se habían cumplido los tiempos surgió desde la Registraduría una maniobra dilatoria orientada a buscar si o si, una respuesta de la procuraduría que ya se había pronunciado con el “silencio administrativo” sobre la competencia para la vigilancia y control de los protocolos durante el proceso de recolección de firmas. De repente ahora ni la procuraduría ni la registraduría tienen en sus manos la entrega de las planillas en Medellín y repentinamente, quedó en manos del Presidente de la República Iván Duque.
Mientras en ciudades como Cali ya se entregaron las planillas y en más de una veintena de poblaciones mas del país, ya se recogen las firmas; el proceso más relevante e importante, continúa con extrañas maniobras dilatorias que, son interpretadas por los comités de revocatoria, como la manera de agotar los tiempos para que no se pueda adelantar el proceso democrático. Para los comités, lo que hay es una ingerencia indebida en el proceso constitucional y democrático para favorecer al Alcalde de Medellín y mantenerlo en el poder, así sea que para ello, tengan que violar la ley.
Y es que la burla a la justicia es total y descarada. Hace unas semanas se produjo el fallo en segunda instancia de una acción de tutela, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia a favor de la entrega de las planillas. El fallo había dado 48 horas para comenzar las labores administrativas conducentes a la entrega de planillas y que debería producirse en un tiempo de dos semanas.
La tutela se había interpuesto para que la Registraduría entregara de una vez y por todas, las planillas para la recolección de firmas con miras a revocar al Alcalde Daniel Quintero. La demora de mas de cinco meses que tiene todavía empantanado el tema, se debe a que deben aplicarse los protocolos de bioseguridad durante el proceso de firmas y un concepto del Ministerio de Salud, determinó que debían ser vigilados en su cumplimiento por la autoridad competente.
Es así como la Registraduría antes de entregar las planillas incluyó una pregunta que terminó complicando todo otra vez, porque cuando todo parecía despejado la la entidad le preguntó al alcalde si se declaraba competente o no para ejercer la vigilancia y control de los protocolos. El alcalde finalmente se declaró impedido.
Es cuando los comités recusan al alcalde, antes que este emitiera su respuesta. El alcalde delega en la secretaría de salud del municipio la respuesta y esta dependencia nunca responde. Es cuando la recusación se cursa como manda la ley, ante la registraduría, la misma que debía resolver la recusación. Pero tampoco da la respuesta dentro del tiempo de ley; configurándose un silencio administrativo positivo; esto es, que la respuesta nunca dada por la registraduría, se convierte en sí misma en respuesta a favor de las pretensiones de los comités en la recusación.
La registraduría no hizo caso al “silencio administrativo positivo” y no aceptó lo esbozado en le Código de Procedimiento Administrativo. La interpretación legal que se hizo desde los comités al silencio administrativo fue que, al no haberse pronunciado la procuraduría, se aceptaba la recusación en los términos que fue presentada. Así las cosas, el alcalde no sería competente y la entidad encargada de vigilar los protocolos de bioseguridad durante la recolección sería la Seccional de Salud de Antioquia. Al menos, eso fue lo que entendieron los jurídicos de los movimientos de revocatoria.
Pero la registraduría hizo otra lectura jurídica diferente a ese silencio administrativo. Para la registraduría, una cosa fue la recusación en contra del alcalde que queda siendo incompetente, pero otra cosa diferente, es la determinación del organismo competente para hacer la vigilancia y control de los protocolos de bioseguridad.
En ese sentido, para la Registraduría no existe silencio administrativo y para ello, es necesario que la Procuraduría se pronunciara de fondo al respecto y determinara si al ser declarado incompetente el Alcalde para vigilar, se debería nombrar un Alcalde AdHoc para ejercer la vigilancia. En ese sentido, no sería entonces la Seccional de Antioquia la encargada de vigilar, sino que debería ser nombrado una persona que no fuera Quintero Calle.
Repentinamente y pese a que se cumplió con le proceso de protocolización y radicado de las escrituras del silencio administrativo, apareció que el mismo no fue registrado ante la Procuraduría General de la Nación y finalmente fue desestimado.
El mismo día que finalizaban los tiempos que por ley se tenían para iniciar los trámites administrativos que ordenó el Tribunal que falló la Tutela a fin de que en dos semanas mas se entregaran las planillas, la Registraduría envió a la Procuraduría un oficio pidiendo que se pronunciara sobre el Alcalde AdHoc y la recusación.
En ese proceso han transcurrido los últimos días y a solo unos cuantos más de que se venzan las dos semanas ordenadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia para que se haga entrega efectiva de las planillas, se obtuvo el pronunciamiento de la procuraduría, que ahora deja en manos del Presidente de la República, Iván Duque, el nombramiento de un Alcalde AdHoc al determinar que en efecto Daniel Quintero no es competente para vigilar los protocolos.
Ahora las planillas no podrán ser entregadas hasta tanto el Presidente Iván Duque no nombre un alcalde AdHoc que pueda gestionar el proceso de vigilancia y control de la aplicación de los protocolos de bioseguridad durante el proceso de recolección de firmas para la revocatoria.
Los jurídicos de los comités, apenas analizarán si con esta determinación de la procuraduría, se paralizan los tiempos estipulados en la tutela de dos semanas desde la fecha del fallo para la entrega de las planillas, o si estas deben ser entregadas dentro del termino estipulado y dejar que en su momento, el presidente cumpla con el nombramiento de un alcalde adhoc.
En el primer caso, de tener que paralizar los tiempos del fallo, esto significaría que el proceso de entrega de formularios en Medellín para la Revocatoria, quedaría congelado hasta tanto el Presidente nombre un Alcalde AdHoc, para lo que el mandatario podría tardarse el tiempo que bien quisiera.
En el segundo caso, las registraduría estaría obligada a entregar las planillas y sería responsabilidad del Presidente, nombrar cuanto antes quien vigile.
Lo curioso del caso son las irregularidades que durante todo este tiempo se han dado para llegar a este resultado de dilación. En primer lugar los tiempos que tenía el Alcalde para Responder y la respuesta estuvieron por fuera de los tiempos. En segundo lugar, los tiempos que tenía la procuraduría para pronunciarse tampoco se hizo dentro de los términos legales y así mismo los de la propia registraduría, que está en desacato.
Pero como si fuera poco, la sorpresiva desestimación del silencio administrativo positivo que aduce la Procuraduría por cuando afirma que no fue radicado, es una mentira completa, pues existen las pruebas de que sí se radicó y que se dio traslado oportuno. Es por ello que para la vocera del Comité Medellín te Pertenece, este proceso con la procuraduría es mentiroso y viola la ley.
No se sabe a ciencia cierta todavía, cuál tesis jurídica es la válida que se aplicará, pero todo esto quedará en manos del equipo jurídico de la Registraduría y de los comités de revocatoria quienes deberán hacer cumplir la ley y los derechos que han sido pisoteados.
Igualmente, queda en el aire, si la respuesta de la procuraduría, fue extemporánea, como se subsanará la mentira de la procuraduría que ya queda en evidencia y entender los tentáculos que desde la administración se tienen en el alto poder, que lo protegen desde los registradores, procuradores, ministro de salud y lo que ya se sabe, el Presidente quien ya dijo alguna vez que no estaba de acuerdo con las revocatorias.
