Las senadoras Karina Espinosa y María Angélica Guerra reiteraron su voto negativo frente a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, luego de que se conociera la versión sobre el retiro de sus firmas en la ponencia de archivo presentada por el senador Efraín Cepeda.
Ambas legisladoras aclararon que la decisión obedeció únicamente a un procedimiento normativo y no a un cambio de postura frente al proyecto. Espinosa explicó que autorizó la eliminación de su firma debido a que no es ponente de la iniciativa, precisando que su posición frente al articulado se mantiene sin modificaciones y que votará en contra de la propuesta.
Por su parte, Guerra señaló que su retiro respondió a un trámite formal solicitado por la Secretaría, indicando que esta actuación no debe interpretarse como un apoyo a la reforma. Enfatizó que su voto será negativo y que continuará participando en los esfuerzos para que la propuesta no avance.
Según Cepeda, la ponencia de archivo que lidera cuenta con 10 firmas de 17 posibles, lo que indicaría la falta de apoyos suficientes para que la reforma avance. La cifra representaría una mayoría necesaria para frenar la iniciativa, aunque la definición formal dependerá de la votación que se realice en la sesión.
El argumento central presentado en la ponencia sostiene que la reforma no responde a las necesidades actuales del país y que sus consecuencias podrían afectar diversos sectores económicos. Los firmantes consideran que las medidas propuestas tendrían impacto sobre la inversión, el ahorro y el empleo, además de efectos en los costos asociados al transporte por el impuesto al carbono, que incidiría en el precio de la gasolina.
Además de la ponencia radicada en el Senado, en la Cámara de Representantes también se presentó un documento negativo. La representante Katherine Miranda formalizó ante la Comisión Tercera su intención de archivar la reforma, argumentando que el país no soporta una nueva carga tributaria. Señaló que la propuesta contempla una meta de recaudo de 26 billones de pesos que, a su juicio, implicaría mayores costos para sectores de bajos y medianos ingresos.
Miranda advirtió que el impacto se extendería a actividades productivas y de transporte, lo que podría traducirse en incrementos en los precios de los alimentos y otros bienes de consumo. La discusión en ambas cámaras se desarrollará en medio de un ambiente político que ha mostrado diferencias sobre la necesidad y el alcance de la nueva estructura tributaria presentada por el Gobierno.
Las decisiones que tomen las comisiones económicas esta semana serán determinantes para definir si la iniciativa continúa su trámite legislativo o si se confirma su archivo, como plantean los sectores que han respaldado las ponencias negativas.
