En las próximas horas, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicará una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra Gustavo Petro Urrego. La acción judicial se basa en la investigación divulgada por Noticias Caracol, en la que se exponen hechos que, según la denunciante, podrían constituir violaciones a normas electorales y penales vigentes en Colombia.
De acuerdo con el documento que será presentado, existirían indicios de una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro, que incluiría posibles aportes, gestiones o contactos con estructuras armadas ilegales de las FARC. La denuncia también señala la eventual participación de funcionarios del Estado, quienes habrían actuado como intermediarios entre el entonces candidato y ese grupo armado.
Según la senadora Cabal, si las autoridades confirman que la campaña recibió apoyo financiero, logístico o político de organizaciones armadas ilegales, se trataría de hechos que afectarían la transparencia de los comicios y la legitimidad del proceso democrático. La congresista sostuvo que los elementos expuestos en la investigación ameritan la apertura de un proceso formal para determinar si se vulneraron disposiciones constitucionales, normas del Código Penal y lineamientos contemplados en la Ley de Financiamiento de Campañas.
La acción jurídica solicita a la Comisión de Acusaciones verificar si los hechos mencionados infringieron principios como la legalidad, la transparencia y la igualdad en la competencia electoral. La senadora indicó que las revelaciones difundidas no deben ser tratadas como un asunto mediático pasajero, sino como hechos que requieren revisión institucional con el fin de establecer si hubo responsabilidad por parte de quienes participaron en la contienda presidencial.
“Gustavo Petro no está por encima de la Constitución ni de la ley. Si su campaña recibió apoyo de estructuras ilegales, debe responder ante la justicia”, afirmó Cabal al sustentar los motivos de la denuncia. La congresista señaló que el objetivo de su actuación es que las autoridades verifiquen la información divulgada, definan si existen elementos que configuren faltas o delitos y adopten las decisiones correspondientes.
La precandidata presidencial indicó que el proceso busca asegurar que las instituciones cuenten con las herramientas necesarias para esclarecer los hechos y que las actuaciones de cualquier servidor público, independientemente del cargo que ejerza, permanezcan sujetas al marco jurídico. Cabal manifestó que la denuncia pretende contribuir a que se establezcan eventuales responsabilidades y a que se garantice el cumplimiento de la normativa electoral y penal aplicable en este tipo de casos.
