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miércoles, agosto 10, 2022
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Se teje la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Primera excusa: La Procuraduría.

Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón.

El electo presidente de Colombia por la Colombia Humana, Gustavo Petro, en la semana que está terminando, realizó una propuesta bastante controversial sobre la necesidad de acabar con la Procuraduría General de la Nación, una entidad que cuenta con más de 4600 trabajadores y cuyo objetivo es realizar un control sobre el accionar de los funcionarios públicos que se exceden en sus atribuciones permitidas por la Ley, pero que no comenten delitos que requieran una sanción privativa de la libertad. En pocas palabras, la Procuraduría realiza una veeduría sobre las conductas éticas de los funcionarios públicos.

El abogado constitucionalista y profesor universitario, Francisco Zapata Vanegas, hizo una serie de aclaraciones sobre la intención del próximo presidente Gustavo Petro, lo que lleva a pensar que esa propuesta no es una pieza aislada dentro de un mar de ofrecimientos del próximo presidente, sino que por el contrario, es la primera movida que busca un fin mucho más grande, el cual es, allanar el camino para la nueva constitución política de Colombia, tal cual como lo han desarrollado los presidentes electos democráticamente integrantes de lo que hoy se conoce como el Socialismo del Siglo XXI.

La reforma a la constitución política se puede realizar de la siguiente manera, comentó el profesor Zapata: “El artículo 3 constitucional señala al pueblo y al congreso como los órganos capaces de reformar la carta, el primero como constituyente originario que es el pueblo mediante asamblea constituyente, que también se puede pronunciar mediante referendo; el otro como secundario o derivado, que corresponde al congreso

El próximo presidente Petro desde su elección ha comenzado a realizar una serie de alianzas con todos los partidos políticos que le permitan desarrollar su plan de gobierno; sobre todo, en donde se le permita aplicar las reformas constitucionales que sean del caso para darle un halo de legalidad a su actuar. Con tristeza comprobaron los colombianos que los hoy mal llamados partidos políticos, en su gran mayoría son gobiernistas y no les interese defraudar las raíces filosóficas sobre los cuales fueron fundados y mucho menos les interesa lo que piensan sus bases ciudadanas.

Es allí en donde se tiene una certeza sobre la posibilidad de reformar la constitución mediante vía Congreso como lo expuso el abogado, pero el congreso tiene límites los cuales también son expuestos por Zapata: “La cláusula general de competencias que tiene el congreso es para regular por medio de leyes todas las materias, temas y sectores de la vida nacional, según el artículo 150 de la constitución <<su tarea es de interpretación, reforma y derogación de las leyes>> y expedir códigos en todos los ramos, como se desprende del numeral 2 de la misma disposición

Hasta allí parece que el Congreso es todopoderoso en cuanto a la legislación del país y que incluso va más allá de la misma carta magna, debido a que sus funciones le permitirían modificarla casi que a placer, siempre y cuando se obtengan las mayorías necesaria para cada acto, pero, eso no es del todo cierto, continúa Zapata: “Su función legislativa (…), debe ejercerse sin exceder los límites fijados en la carta, porque es la carta misma un programa que contiene un régimen político y de gobierno, una modalidad de democracia y de una manera una organización del Estado

La construcción del Estado está determina por la carta magna, allí se pone freno al poder del Congreso y es gracias a ese contrato social de facto que tienen todos los colombianos lo que garantizan que se conviva dentro de un Estado Social de Derecho y por ende cualquier modificación a esa estructura no puede realizarse sin el consentimiento del constituyente primario. Para aclarar el tema expone el constitucionalista Zapata: “Un compromiso dogmático de Estado Social de Derecho, desconocer uno de los pilares (sobre los cuales está fundada la carta magna), sería tanto como sustituir la constitución, tal como se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-1040 de 2005

Sin importar la casi unanimidad del congreso, quien se rinde a los pies del nuevo mandatario por un plato de lentejas, existen asuntos sobre los cuales va más allá de su función sin caer en vicios que destruirían los actos en sí, explica Zapata: “Cuando se agita el tema de suprimir la Procuraduría General de la Nación por vía de un acto legislativo aprobado por el congreso, sería tanto como desconocer esos pilares, claramente la separación de poderes, promoción y garantía de los Derechos Humanos, y no de menor calado: los principios rectores que animan la función pública del artículo 209 que en muy buena parte descansan sobre el Ministerio Público. Que el congreso se atreva a tanto, creemos que será de control de forma y de fondo por parte del alto tribunal de constitucionalidad

El problema que hoy radica para los colombianos es que ese límite que pone la constitución sobre la inmodificabilidad de los pilares sobre los cuales descansa el Estado de Derecho, ya fueron violados previamente por el congreso de la república. A pesar de ser el mejor presidente de la historia del país, Álvaro Uribe Vélez, destruyó los pesos y contrapesos aplicados por los constituyentes de 1991, al cambiar para su beneficio el artículo que prohibía la reelección del primer cargo del país; dice Zapata al respecto: “A propósito de la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe (Ley 1353 de 2009), dijo en ese entonces la Corte Constitucional, que el congreso desconoció algunos ejes estructurales de la carta política como el principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alteración y períodos preestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes, lo que de nuevo ratificó en la sentencia C-141 de 2010

Para evitar problemas con las altas cortes como los tuvo Álvaro Uribe en su momento, la opción que le queda al próximo presidente es la de acudir al constituyente primario y con esa forma obtener dos grandes ventajas: la primera es la legitimidad que tanto requieren los mandatarios del tipo autócrata de tener mayorías populares mediante las votaciones; y la segunda es que podrán mediante ese mecanismo, no solo modificar o acabar con un ente como la procuraduría, sino que podrán abarcar todo lo que se les ocurra mediante una Asamblea Nacional Constituyente, la cual tendrá como objetivo cambiar por completo el establecimiento y el contrato social en el cual viven los colombianos.

En síntesis, si mediante el trámite en el congreso se pueden tener problemas de legitimidad, a pesar de tener mayorías suficientes para modificar leyes y procedimientos; mejor virar hacia el constituyente primario para tener control absoluto de todo el establecimiento, tener control absoluto sobre la expedición de leyes y decretos; y sobre todo tener control absoluto sobre la expedición de las reglas que se tienen en un país.

No es gratis que se hable de suprimir la Procuraduría; hablar de las funciones que debería tener el fiscal general; criticar la labor de la Registraduría durante las elecciones; y mencionar la corrupción por doquier en donde se presenta inefectividad de la Contraloría. Con todo ello, es más que evidente que la misión en los primeros días de la administración Petro, será enfocar muchas de sus fichas, en la necesidad de una nueva constitución, obviamente de tinte más globalista, más garantista y más afilada al progresismo que tanto que predica el presidente de ultraizquierda que eligieron los colombianos.

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