Una sexta persona, presuntamente implicada en el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, se entregó a las autoridades en las últimas horas.
Según la Fiscalía, el capturado sería el conductor de la motocicleta que estuvo presente en el lugar de los hechos, con la misión de recoger al menor de edad que disparó contra el congresista durante un acto político en la localidad de Fontibón.
El hombre fue ubicado tras una diligencia de allanamiento en el sur de Bogotá y trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación. Se encuentra a la espera de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. El ente acusador lo señala por los delitos de tentativa de homicidio y utilización de menores para la comisión de actividades ilícitas.
Según información preliminar, el capturado habría aceptado presentarse voluntariamente, luego de que las autoridades localizaran su lugar de residencia. La Fiscalía también indicó que se acordaron medidas de protección para su núcleo familiar.
Con esta captura, ya son seis las personas vinculadas formalmente al caso y procesadas ante jueces de control de garantías. De acuerdo con las autoridades, todos los implicados harían parte de una estructura criminal dirigida por Elder José Arteaga, alias El Costeño, presunto cabecilla de la red que habría planeado y ejecutado el atentado contra el senador.
Entre los procesados se encuentran el menor de edad que aparece en los registros de video accionando un arma de fuego contra Uribe; Carlos Alberto Mora, conductor de uno de los vehículos utilizados en el operativo; Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, detenida en Florencia cuando intentaba ingresar a zona selvática; William Fernando González Cruz, alias El Hermano; y alias El Costeño.
Ninguno de los procesados ha aceptado los cargos imputados, pese a las evidencias recaudadas por la Fiscalía, entre ellas grabaciones, declaraciones y seguimientos técnicos.
De acuerdo con las autoridades judiciales, los implicados han solicitado protección especial tanto para ellos como para sus familias, mientras avanzan los procesos. La Fiscalía considera que las negativas hacen parte de una estrategia de defensa orientada a eventuales negociaciones para acceder a beneficios judiciales.
