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Se aplaza audiencia por caso Assange en Ecuador

 

ECUADOR. La justicia ecuatoriana suspendió el jueves una audiencia para resolver una demanda constitucional presentada por Julian Assange para restablecer sus telecomunicaciones, cortadas desde marzo por Ecuador, que niega haber violado los derechos del fundador de WikiLeaks.

La acción de protección, presentada el viernes ante un tribunal de Quito por el exjuez español Baltasar Garzón, director de la defensa de Assange, también busca impedir la aplicación de un protocolo que regula sus visitas, sus comunicaciones y hasta su salubridad, y cuyo incumplimiento derivará en la “terminación del asilo”.

La jueza Karina Martínez instaló la audiencia con la presencia del abogado ecuatoriano Carlos Poveda, otro defensor de Assange, pero casi dos horas después resolvió suspenderla por problemas técnicos y de traducción idiomática.

Martínez interrumpió la sesión indicando que no podía continuar sin la intervención de Assange, quien debía declarar a través de una videoconferencia desde la sede diplomática de Ecuador en Londres, donde se encuentra asilado desde 2012.

“La presencia de él dentro de esta audiencia es indispensable”, indicó la jueza, que no fijó fecha para la reanudación.

Tras la suspensión, el procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, sostuvo en rueda de prensa que Quito “no busca retirarle el asilo al señor Assange”.

Añadió, que dado el prolongado asilo “lo mínimo que podemos hacer es atenernos a unas ciertas normas básicas de convivencia armónica” establecidas en el protocolo que emitió la cancillería ecuatoriana en octubre y que la defensa de Assange considera que tiene “medidas restrictivas”.

Dos alternativas
Assange, de 47 años, apareció en las pantallas de la sala judicial luciendo un traje oscuro y una tupida barba blanca. Al interactuar con el traductor, dijo que el nivel de traducción no era “suficiente”.

“El micrófono está bien, pero la traducción no”, expresó.

Garzón afirmó el viernes en Quito que la demanda contra el canciller José Valencia, que se refiere a derechos fundamentales de las personas, fue presentada ante la “incomunicación” a la que es sometido Assange.

Salvador indicó que “se probará hasta la saciedad” que “ningún derecho del señor Assange ha sido conculcado ni antes ni después de la emisión del protocolo”.

Afirmó que Garzón recibió en agosto una carta del canciller en la que planteó dos alternativas para Assange: que el australiano se entregara a la justicia británica o que permaneciera en la legación pero siguiendo un protocolo.

La primera opción era “que se entregue a la justicia británica con las garantías que el Estado ecuatoriano había logrado obtener de la justicia británica”, señaló el procurador.

Londres informó a Quito que la sanción por incumplir los controles de libertad condicional “no rebasaría los seis meses” y “que no sería deportado o extraditado a ningún otro país”, como teme el australiano, apuntó el procurador.

La justicia británica mantiene una orden de detención contra Assange por incumplir las condiciones de su libertad condicional en el marco de las acusaciones por supuestos delitos sexuales cometidos en Suecia.

Aunque las causas suecas no prosperaron, el fundador de WikiLeaks teme que si deja la embajada pueda ser detenido y extraditado a Estados Unidos por difundir miles de secretos oficiales de ese país a través de su página web.

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