Alonso Salazar y Federico Restrepo presentaron los argumentos para evidenciar, según ellos, que no hubo anomalías ni irregularidades en la adjudicación del proyecto Hidroituango, por tratarse de una contratación entre dos entidades públicas.
«El material de prueba da cuenta de que, inicialmente, el proceso de selección fue cambiado y pasó de una invitación internacional a una contratación directa con EPM. Esta decisión, al parecer, obedeció a un criterio regional y buscaba que el proyecto quedara en manos de una empresa de Antioquia», se lee en el escrito de la Fiscalía.
Asimismo, agrega el ente acusador, paralela a la invitación pública internacional a precalificar, «se realizó la negociación con EPM para que se encargara directa o indirectamente, a través de una empresa de su control, de la financiación y ejecución de la hidroeléctrica».
De esta forma, presuntamente, los procesados incurrieron en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas, nombrando un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y modificando el manual de contratación para permitir que uno de los socios, o sea EPM, fuera designado como contratista.
«La Fiscalía les imputa haberse interesado en favor del municipio de Medellín y de EPM, como empresa 100 % pública, descartando a otras empresas extranjeras como Odebrecht, China Three Gorges Corporation (China), Korea Electric Power Corporation (Korea), entre otras. No coincidimos con esta visión y tenemos toda la tranquilidad para comparecer frente al juez y demostrar actuaciones transparentes, coherentes», indica el defensor de Salazar y Restrepo, Mauricio Pava.
«Este juicio será la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y educado ejercicio del poder punitivo», añadió el abogado.
Cabe anotar que en este mediático caso también están vinculados el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el exgerente del IDEA, Álvaro Vásquez, y otros directivos de EPM.
