martes, noviembre 30, 2021
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Rodrigo Granda y el calvario de Cecilia Cubas Gusinky

Por Eduardo Mackenzie

La vergüenza  por el caso Rodrigo Granda se trasladó de México a Colombia. La conducta irregular adoptada por el gobierno mexicano, consistente en desconocer un tratado de extradición con Paraguay y burlarse de una orden de captura de Interpol, para favorecer a un individuo acusado por la justicia de Paraguay de haber cometido delitos atroces en ese país, pasó a Colombia. ¿Cómo es posible que una persona como Rodrigo Granda, ex dirigente de la organización narco-terrorista FARC, vinculado al secuestro y asesinato de al menos dos mujeres en Paraguay, pueda regresar de México tranquilamente y seguir libre en  Colombia  convirtiendo a nuestro país en un vil santuario de bandidos?

¿Cómo puede el gobierno de Iván Duque hacer como si lo ocurrido en México no obliga a repensar la actitud del Estado colombiano frente a ese horrible personaje?  ¿Qué hace la Casa de Nariño si la justicia paraguaya le pide la extradición de Rodrigo Granda?

En Paraguay no van a cesar los esfuerzos para lograr la captura de Rodrigo Granda. Silvia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas Grau, hermana de Cecilia Cubas Gusinky, primera víctima mortal del escuadrón de secuestradores entrenado en Colombia por las FARC desde 1999, declaró que “una orden de captura internacional no es un capricho personal de una familia víctima de delincuentes, es una cuestión de Estado” y que no entiende “cómo [México] puede burlarse así de un Estado” [Paraguay]. ¿Qué pensará ella ahora de Colombia?

Silvia Cubas precisó que “Granda fue el creador e instalador de la industria del secuestro en Paraguay” y el “instigador en la muerte de [mi]  hermana”. Concluyó: “Nosotros no pedimos nada extraordinario, solo pedimos justicia, que es mucho menos de lo que ellos le hicieron a mi hermana”.

Lo que le hicieron a Cecilia Cubas Gusinky las FARC y sus discípulos paraguayos del Ejército Popular Paraguayo (EPP), brazo armado del partido Patria Libre, fue una monstruosidad. El 21 de septiembre de 2004,  secuestraron a la joven de 31 años, la violaron y torturaron durante meses. Su familia pagó 800.000 dólares de rescate pero no la liberaron. El cuerpo de la víctima fue encontrado por las autoridades el 16 de febrero de 2005, en una “cárcel del pueblo” en la ciudad de Ñemby.  Pablo Lemir, el médico que examinó el cadáver, descubrió que Cecilia Cubas Gusinky había sido enterrada viva en un hueco o túnel cavado en la casa donde estaba cautiva.

La relación entre las FARC y el grupo Patria Libre había comenzado en 1999,  época en que las FARC estaban en plena expansión y necesitaban cada vez más dinero. Como no habían logrado aún ser financiados, sino en menor cuantía, por la dictadura de Hugo Chávez, quien tenía como prioridad la consolidación del ELN, las FARC adoptaron el secuestro a gran escala en Colombia, además del tráfico de drogas, para mejorar sus finanzas.

Según un ex fiscal paraguayo, Oscar Germán Latorre, en esa coyuntura “surgió la propuesta del negocio del secuestro, que se concretó a través del caso María Edith Bordón de Debernardi”, el 16 de noviembre de 2001. Ella fue liberada 64 días después. La familia de la víctima había pagado un millón de dólares por el rescate.

El diario Hoy de Asunción, afirma que las FARC recibieron parte de ese botín. El fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, reveló que “a través de documentos se pudo comprobar que las FARC recibieron en Brasil 300.000 dólares de Patria Libre, por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi”.

Esta señora, 18 años después de su secuestro, sigue sufriendo por lo que vivió en ese terrible trance.  Es una cicatriz que duele y queda en el alma”, explicó a un diario paraguayo. Recordó que quien más la maltrataba y hasta la golpeaba “con la culata de una arma” era Anuncio Martí y que otro secuestrador, Oviedo Brítez, hacía el papel de guardia bueno que la vigilaba en todo momento.

Pese a todo, Anuncio Martí, Juan Arrom y Victor Colman, procesados en Paraguay por ese secuestro, lograron obtener el asilo político en Brasil durante el régimen de Lula da Silva y desde allí, colmo del cinismo, presentaron, con ayuda de la CIDH, una denuncia por “torturas” contra el Paraguay. Esos bandidos esperan que les paguen 123 millones de dólares. Otros seis secuestradores fueron condenados.

Por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas fueron condenados cerca de 20 individuos, entre ellos Oscar Luis Benítez, jefe de la banda que realizó ese doble crimen, como él mismo lo confesó, por el cual estará en prisión durante 24 años. Benítez fue reo ausente durante 12 años pues había encontrado refugio en Brasil hasta que fue capturado en 2017. Según el ex fiscal Germán Latorre, los secuestradores  de Cecilia Cubas “fueron adiestrados en Colombia” y el jefe de los secuestradores se hacía llamar  “Santiago”.

Osmar Martínez, fundador e ideólogo del EPP, muerto en la cárcel en diciembre de 2015, se entrevistó con Granda en Venezuela, en julio de  2004, donde el jefe fariano era protegido por el régimen de Chávez. Latorre preciso: “Allí Martínez obtuvo el compromiso de recibir asesoramiento para el secuestro de Cecilia Cubas. Hay una buena cantidad de correos que demuestran que Granda ha tenido una relevante participación”. Osmar Martínez reiteró en prisión que él había tenido un nuevo contacto con las FARC en 2013.

El Ejército Popular Paraguayo no ha dejado de secuestrar. Tres personas siguen desaparecidas tras haber caído en manos de esa gente: Edelio Morínigo, un suboficial de Policía, en julio de 2014; Félix Urbieta, ganadero, en octubre de 2016, y Oscar Denis Sánchez, 74 años, ex vicepresidente de Paraguay, raptado cerca de la frontera con Brasil, en septiembre de 2020. La otra “especialidad” del EPP es el tráfico de drogas.

El canciller paraguayo Euclides Acevedo  protestó ante el embajador mexicano y reiteró que Asunción “seguirá insistiendo en la extradición de Granda” y que está seguro de que éste “vendrá al Paraguay a rendir cuentas por el caso de Cecilia Cubas”.

Rodrigo Granda, alias Arturo Campos,  deberá algún día responder ante un juez, en Colombia o en Paraguay, por su participación en tales horrores. Si es inocente, tiene derecho a demostrarlo. Pero su actitud permite pensar lo contrario. Por el momento, el ahora dirigente de Comunes trata de revertir las acusaciones con el refrito de que los culpables son los otros, los “enemigos de la paz” que quieren “acabar con el proceso de paz”. Muy fácil. George Orwell ya lo había advertido: para los totalitarios el pasado puede ser reescrito o apresado. “La guerra es la paz”.

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