El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció el pasado 28 de noviembre una presunta injerencia de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer en los procesos administrativos de la hidroeléctrica Urrá S.A.
La revelación fue hecha en Bluradio, donde se informó sobre los presuntos actos de corrupción en la empresa que administra y comercializa la energía generada por Urrá I, ubicada en Córdoba.
La denuncia del Ministro amplía una ya presentada el 27 de septiembre por una ciudadana que solicitó mantener su identidad en reserva. Según esta, en Urrá S.A existirían conflictos de interés y colusión en sus procesos de contratación.
Se mencionó que funcionarios y contratistas externos, como William Tadeo Amín Burgos y Juan David Diazgranados Garzón, habrían participado en licitaciones con acceso privilegiado a información técnica, favoreciendo presuntamente a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS.
Entre las irregularidades denunciadas está el retraso de más de dos años en la construcción del Parque Solar Urrá 19,9, lo que ha causado tensiones dentro de la empresa. Según los señalamientos, David Cerón habría utilizado su cercanía con Nicolás Alcocer para presionar a los directivos de Urrá S.A. con el objetivo de obtener la adjudicación del proyecto solar Inti II, llegando incluso, según la denuncia, a amenazar a los responsables de la empresa.
Vínculos con Power China
El denunciante también pidió investigar las relaciones de la empresa Power China, socia de Luxim Ingeniería S.A.S en el consorcio Lux Power 2022, que habría sido beneficiada en diversos contratos estatales. La administración actual de Urrá asegura haber rechazado estas presiones, pero las tensiones persisten, alimentadas por la influencia de algunos miembros de la junta directiva.
Además, el consorcio Lux Power 2022 presentó una reclamación por 60.000 millones de pesos contra Urrá, una cifra que la administración de la empresa considera injustificada.
Cronología del conflicto
En abril de 2023, el consorcio Lux Power 2022 reportó a la administración de Urrá numerosos incidentes, incluyendo la pérdida de materiales y un incendio cercano al parque solar, y solicitó apoyo militar para garantizar la seguridad del proyecto. Sin embargo, Urrá les recordó que, según el contrato, la seguridad de las instalaciones es responsabilidad exclusiva del contratista.
A finales de ese mes, Urrá advirtió al consorcio sobre retrasos significativos en la ejecución de la fase I del proyecto, cuya fecha límite es abril de 2024. Aunque Lux Power se defendió argumentando que los retrasos son atribuibles a factores externos, como la falta de energización de celdas clave, las tensiones entre ambas partes escalaron.
