El exgerente de la campaña presidencial Petro Presidente, Ricardo Roa Barragán, presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un documento en el que expone hechos sobrevinientes y solicita la intervención urgente del juez constitucional tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imponerle sanciones administrativas y pecuniarias por presunto incumplimiento de los topes de financiación de la campaña.
En el escrito, dirigido al magistrado Julián Hernando Rodríguez Pinzón, Roa advierte que la resolución sancionatoria del CNE “carece de firmeza” y no está en efecto ejecutoriada, por lo que considera que el anuncio público de la decisión constituye una afectación inmediata a su buen nombre, reputación y ejercicio profesional. Sostiene que el órgano electoral decidió de fondo sin practicar pruebas esenciales previamente decretadas, lo que —según afirma— vulnera su derecho a la defensa técnica y al debido proceso.
Roa señala que la Sala Plena del CNE falló sin tener en cuenta conceptos técnicos solicitados al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) y al experto Armando Novoa, elementos que considera determinantes para valorar con rigor los hechos objeto del proceso sancionatorio. Afirma que la omisión de estas pruebas constituye la materialización del riesgo que motivó la tutela inicial presentada ante la justicia ordinaria.
En su argumentación jurídica, Roa precisa que la decisión del CNE es susceptible del recurso de reposición y que el plazo legal para interponerlo no ha vencido, por lo que no existe firmeza ni ejecutoria. Cita normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) que establecen el efecto suspensivo de dicho recurso y recuerda jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual los actos administrativos solo adquieren firmeza cuando los recursos son resueltos.
El exgerente de campaña asegura que permitir la consolidación del acto administrativo sin subsanar los presuntos vicios probatorios implicaría un perjuicio irreversible. En ese sentido, insiste en que su pretensión no es anular la actuación sancionatoria, sino retrotraer el proceso para garantizar una valoración completa de las pruebas antes de que la decisión adquiera carácter definitivo. Adicionalmente, reitera que debe declararse la caducidad por la falta de firmeza del acto.
Roa solicita al Tribunal Superior de Bogotá incorporar su memorial como hecho sobreviniente en el expediente y adoptar medidas de protección inmediata. Entre ellas, pide que se deje sin efectos la actuación administrativa a partir del auto que cerró la etapa probatoria y se ordene al CNE practicar las pruebas técnicas omitidas como requisito indispensable para la validez de cualquier decisión de fondo.
El documento radicado se convierte en un nuevo capítulo dentro del proceso que enfrenta Ricardo Roa, luego de que el CNE anunciara sanciones por presuntas irregularidades en los topes de financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico.
