El día de ayer le llegó al abogado Nelson Hurtado, a través de un correo electrónico, una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia dando la orden a la Registraduría seccional que debe informar al presidente de la República, Iván Duque, que en un término no mayor a ocho días debe dar la orden al ente electoral que tiene 45 días para llamar a las urnas en Antioquia.
Esta noticia fue el culmen de una lucha ciudadana que comenzó hace 18 meses y que ha encontrado en el camino una serie de piedras, o más bien, de rocas enormes que a cada paso se han atravesado para desestimular entre los medellinenses el deseo de revocar el mandato del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero.
A lo largo de estos 18 meses, las entidades electorales, tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral, han permitido que de manera lenta, casi a velocidad de tortuga, avance la iniciativa democrática pero interponiendo todo tipo de trabas, amparados en la interpretación subjetiva de las normas. Es por esto que desde enero del 2022 el CNE tomó la determinación de suspender la certificación de los estados contables de la iniciativa democrática.
En este tiempo ha habido una serie de acciones de tutela sustentadas en que la certificación de los estados contables debería limitarse a que se cumplió con la entrega de los mismos, en los tiempos establecidos, y en las condiciones básicas, más allá de cualquier hallazgo fiscal que se realice, y con este trámite surtido dar vía libre a la revocatoria. Sin embargo, para poder continuar dilatando el proceso, los consejeros de la entidad electoral abrieron investigación en contra de los líderes de la iniciativa con tal de no darle luz verde a la llegada a las urnas.
A pesar de los intentos fallidos, la ciudadanía no se rindió contra «el establecimiento» y una serie de abogados, en cabeza de Nelson Hurtado, interpusieron la acción de cumplimiento, cuyo fallo fue comunicado ayer, y se sustenta en la jurisprudencia, dando la orden del llamado a las urnas en un término de ocho días. Luego de que el presidente llame a los comicios de la revocatoria, la registraduría tendrá que fijar la fecha en los 45 días calendario siguientes a la orden presidencial.
Esta noticia permitió revivir la revocatoria que ya muchos ciudadanos daban por «enterrada» y haciéndose a la idea de tener que soportar el mandato de Daniel Quintero el año y medio restante. No obstante, la esperanza renació con la determinación judicial. Ahora los medellinenses están a la espera de que el presidente actúe respetando la democracia y se permita a la ciudadanía llegar a las urnas.
Para sacar a Quintero Calle del poder se necesita que al menos cerca de 313 mil ciudadanos acudan a las urnas, y de esta votación, el 50 % más uno sea a favor de la salida del mandatario local. A partir de ahí las autoridades deberían llamar de nuevo a elecciones para que los medellinenses puedan escoger un nuevo mandatario local.
En este último punto hay algunas opiniones encontradas de juristas, que afirman que sólo se podía llamar a escoger un nuevo alcalde 18 meses antes de la terminación del periodo. Sin embargo, si esto fuera así, las autoridades deberían escoger entre miembros del mismo movimiento del mandatario saliente por lo que el proceso democrático no tendría ningún efecto real ya que el mandato programático no sería revocado de manera efectiva, sobre todo si se tiene en cuenta que las autoridades electorales pueden llamar a las urnas para procesos revocatorios hasta un año antes de que finalice el mandato.
Se espera que se actúe en derecho y que el proceso continúe su curso, de manera que se cumpla la voluntad popular de elegir en las urnas la continuidad o no de Daniel Quintero como alcalde de Medellín.
