En completo hermetismo y bajo estrictos protocolos de seguridad, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Defensa sostuvieron en las últimas horas una reunión reservada para tratar uno de los temas más sensibles del gobierno Petro, como lo es la compra de los 17 aviones de combate Gripen, un contrato multimillonario que ha estado envuelto en dudas, cuestionamientos y exigencias de control fiscal.
Según conoció IFMNOTICIAS, el encuentro se llevó a cabo en una sala blindada dentro del Ministerio de Defensa, a la que los asistentes ingresaron únicamente después de firmar compromisos de reserva y dejar sus celulares fuera del recinto. Este nivel de confidencialidad obedecería a la naturaleza de la información discutida, catalogada por el Gobierno como de seguridad nacional, pero indispensable para los órganos de control que exigen acceso total a la documentación.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, encabezó la delegación del ente de control y, tras la reunión, manifestó que comprendía la necesidad estratégica de la compra. Sin embargo, reiteró que la transparencia es obligatoria y confirmó que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comprometió a entregar toda la información institucional requerida, aunque bajo protocolos de reserva.
La Contraloría había fijado como plazo máximo este viernes para la entrega de los documentos, exigencia que llevó a programar la reunión de carácter excepcional. Durante el encuentro, Rodríguez solicitó una amplia batería de información técnica y contractual: estudios previos, análisis comparativos de ofertas, contratos completos, discriminación de costos por aeronave y componentes, valores de simuladores y armamento, proyecciones de mantenimiento, costos por hora de vuelo, así como especificaciones técnicas y logísticas del proyecto.
La documentación deberá ser entregada para una nueva sesión programada para febrero de 2026, en la que también participará la Procuraduría General de la Nación, ampliando así el cerco institucional sobre el proceso. Aunque el expediente permanecerá bajo reserva, su entrega permitirá a los órganos de control ejercer vigilancia, detectar eventuales alertas, sobrecostos o irregularidades y, de ser necesario, activar sanciones administrativas o fiscales.
En el encuentro quedó establecido que, pese a la sensibilidad de la información por razones de seguridad nacional, el contrato no puede quedar al margen del escrutinio constitucional. La compra, que supera ampliamente los valores pagados por otros países de la región por aeronaves similares, ha despertado preocupación sobre su costo real, las condiciones de ensamblaje en Brasil y los responsables directos del proceso.
La Contraloría y la Procuraduría esperan ahora que el Ministerio cumpla sin dilaciones, mientras aumenta la presión pública por claridad total en la operación militar más costosa del gobierno Petro.
